Cristina Fernández de Kirchner anunció este viernes que el próximo 18 de junio se presentará ante los tribunales federales de Comodoro Py, en Buenos Aires, para cumplir con la sentencia de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, sanción que fue ratificada esta semana por la Corte Suprema de Justicia de Argentina.
La ex presidenta, quien ocupó la jefatura de Estado entre 2007 y 2015, comunicó su decisión a través de un mensaje en la red social X. En su publicación señaló: “El próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho”.
Fernández hizo pública también su solicitud de prisión domiciliaria, amparada en su condición de mayor de 70 años, lo que permite a la justicia decidir si le concede ese beneficio. En su mensaje aclaró que esta petición responde a motivos de seguridad y no representa un trato preferencial. “No se trata de un privilegio. Por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal”, escribió.
La ex mandataria justificó su solicitud con dos argumentos principales. Primero, señaló que, por su calidad de ex jefa de Estado, la ley le exige tener custodia permanente, lo que vuelve inviable su permanencia en una prisión común. Además, recordó el intento de magnicidio en su contra ocurrido el 1 de septiembre de 2023, en el que un grupo de personas intentó atentar contra su vida. “Se conocen y están siendo juzgados los autores materiales del hecho, pero el Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos”, aseguró.
La noticia provocó nuevas expresiones de respaldo por parte de distintos sectores del peronismo, cuyos dirigentes solicitaron que Fernández sea tratada “con decoro” y rechazaron la posibilidad de que se utilice su situación para hacer un “show de degradación”, si llegase a negársele el arresto domiciliario.
Durante el jueves, Argentina vivió una nueva jornada de protestas, con cortes de tránsito en puntos estratégicos de acceso a la capital. Paralelamente, organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y políticas instalaron un campamento frente a la sede de la Corte Suprema en señal de rechazo a la ratificación de la condena.
La decisión judicial también dejó sin efecto las intenciones de Fernández de competir por un cargo legislativo en la provincia de Buenos Aires en las elecciones previstas para septiembre. El fallo la excluye automáticamente de la contienda parlamentaria nacional de octubre.
La condena a Fernández está vinculada a irregularidades detectadas en la asignación de obras viales en la provincia de Santa Cruz, durante el período comprendido entre 2003 y 2015, cuando ella y su esposo, el fallecido Néstor Kirchner, presidieron el país de manera consecutiva.