Una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas irregularidades en un contrato del Instituto Nacional Electoral (INE) derivó en el deslinde público de la consejera electoral Frida Gómez Puga, quien aseguró que el documento fue promovido sin su autorización.
El escrito, recibido por la FGR el pasado 11 de mayo, fue ingresado con el nombre de la funcionaria y expone posibles anomalías en la adjudicación directa de un contrato superior a 63 millones de pesos a la empresa Comercializadora JVLY, S.A. DE C.V. para la impresión, producción y distribución de materiales de simulacro de capacitación electoral durante el proceso electoral 2023-2024.
En conferencia de prensa, Gómez Puga afirmó que no participó en la elaboración ni presentación de la querella y sostuvo que la firma incluida en el documento no le pertenece. “La firma que aparece en ese documento es apócrifa, y no corresponde a mi puño y letra, ni a mi voluntad jurídica”, declaró la consejera, quien además acusó afectaciones contra su consejería y la integridad del instituto electoral.
La funcionaria evitó responder preguntas de medios de comunicación al señalar que interpondrá una denuncia por la posible comisión de delitos relacionados con el uso de su nombre en ese expediente. La denuncia entregada a la FGR señala que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no pudo corroborar elementos del procedimiento de contratación debido a que el INE no proporcionó documentación sobre el estudio de mercado que habría sustentado la adjudicación.
También expone que personal del instituto realizó visitas vinculadas con la producción de materiales en un domicilio distinto al estipulado en el contrato. De acuerdo con el documento, las inspecciones se efectuaron en instalaciones de Formas Finas y Materiales S.A. DE C.V., empresa proveedora del INE que no formaba parte del contrato firmado con Comercializadora JVLY, S.A. DE C.V.
Otro de los puntos señalados en la querella corresponde al proceso de pago de facturas emitidas en mayo de 2024. Según el texto, dichos comprobantes recibieron observaciones de la Dirección de Recursos Financieros del INE y el 11 de septiembre de ese año fueron rechazados para trámite de pago por presentar defectos. Pese a ello, el documento indica que el instituto liquidó el adeudo el 31 de diciembre de 2024, aun cuando la empresa no sustituyó las facturas observadas y sin contar con registros considerados fidedignos sobre la recepción de los materiales contratados.
El escrito plantea que los hechos podrían constituir delitos federales como ejercicio ilícito del servicio público, encubrimiento, falsedad en informes y cohecho.