Un nuevo escándalo sacude a Ecuador luego de que la policía detuviera a Jacobo Bucaram Pulley, hijo del ex presidente Abdalá Bucaram, por retirarse ilegalmente un grillete electrónico durante una fiesta clandestina en la que se encontraron armas y personas vinculadas a bandas criminales.
Bucaram Pulley, quien está siendo investigado por presunta corrupción en la venta de insumos médicos durante la pandemia de covid-19, fue uno de los 34 detenidos en el operativo realizado la víspera. La acción policial se llevó a cabo después de que se constatara que había violado las condiciones de su arresto al quitarse el dispositivo de vigilancia.
Aunque la Fiscalía solicitó prisión preventiva, el juez decidió imponer medidas alternativas, entre ellas el arresto domiciliario, para el hijo del ex mandatario. Esta situación reaviva el debate sobre el acceso a la justicia y la impunidad en el país.
Jacobo Bucaram y su padre están bajo sospecha de haber participado en una estructura delictiva que obtuvo ganancias ilícitas mediante la venta de pruebas para diagnosticar covid-19 durante el punto álgido de la crisis sanitaria en 2020. Aunque fueron sobreseídos en 2021, la Fiscalía apeló esa decisión y el caso sigue en curso.
El evento clandestino, que tuvo lugar en la provincia de Guayas, conocida por ser un bastión del narcotráfico y la violencia en Ecuador, resultó en la detención de varias personas, incluyendo a un individuo conocido como alias «Feder», presuntamente vinculado a la organización terrorista «Las Águilas».
La policía incautó un arsenal de armas durante la redada, que incluyó 34 pistolas, 3 carabinas, 4 fusiles, más de mil cartuchos y equipos de comunicación. Este hallazgo pone de manifiesto la gravedad de la situación de seguridad en la región y la necesidad de intensificar los esfuerzos para combatir el crimen organizado.
El incidente también resalta la importancia de fortalecer las medidas de control y supervisión de los individuos bajo arresto domiciliario, así como la necesidad de garantizar la transparencia en los procesos judiciales relacionados con la corrupción y el crimen organizado en Ecuador.
Este episodio refuerza la urgencia de implementar reformas integrales en el sistema judicial y penitenciario del país para prevenir la impunidad y restaurar la confianza en las instituciones democráticas. La sociedad ecuatoriana espera respuestas contundentes por parte de las autoridades para combatir la corrupción y la delincuencia, y asegurar el estado de derecho y la justicia para todos los ciudadanos.