La imposición de un toque de queda en todo Ecuador por parte del presidente Daniel Noboa como parte de un estado de emergencia, ha desencadenado una ola de violencia en el país. La noche posterior a la medida, siete policías fueron secuestrados en diferentes puntos, según informó la fuerza nacional. Además, se registró un explosivo cerca de la residencia de Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador.
En distintas cárceles, se desarrollaron enfrentamientos con reclusos reteniendo a guardias, lo que llevó al cierre de escuelas cercanas por parte del Ministerio de Educación. En medio de la violencia, Fabricio Colón, sospechoso de conspirar para asesinar a la fiscal general Diana Salazar, logró escapar de una cárcel en Riobamba.
La violencia coincidió con la implementación de un plan de austeridad y la preparación para someter a referendo diversas medidas de seguridad e inversión por parte del Gobierno. Este escenario afectó la confianza de los inversionistas, reflejándose en una caída del 0,5% en los bonos soberanos con vencimiento en 2030 el martes, alcanzando 48,5 centavos por dólar, debilitando el modesto repunte registrado desde mediados de diciembre, según indicadores recopilados por Bloomberg.
El presidente Noboa, de 36 años, asumió el cargo en noviembre con la promesa de controlar la creciente ola de criminalidad que ha colocado a Ecuador entre los países más peligrosos de América Latina. El estado de emergencia, con duración de 60 días, establece un toque de queda de 23:00 a 5:00 horas y suspende la necesidad de órdenes judiciales de registro.
Las fugas de Adolfo Macías, conocido como “Fito”, y de Fabricio Colón ocurrieron días antes de que Noboa presentara un esperado plan de reforma del sistema penitenciario, que ha experimentado disturbios mortales en los últimos años.
Las autoridades ecuatorianas atribuyen los problemas en las prisiones a la intensificación de la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, mientras enfrentan desafíos para controlar la violencia que ha cobrado la vida de más de 400 reclusos desde principios de 2020. Este problema se suma a un aumento más amplio de la violencia, que se ha convertido en la principal preocupación de los votantes en las elecciones. La tasa de homicidios en Ecuador alcanzó 46,5 por cada 100,000 habitantes el año pasado, casi el doble del récord anterior establecido en 2022 y ocho veces su nivel en 2018.