Una auditoría realizada por el Inspector General del Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que el Cártel de Sinaloa empleó tecnología de vigilancia urbana en la Ciudad de México y datos confidenciales del FBI para localizar y asesinar a informantes en 2018.
El informe, publicado recientemente, expone una operación de ciberespionaje ejecutada por un hacker vinculado al cártel encabezado por Joaquín «El Chapo» Guzmán, actualmente encarcelado en Estados Unidos. El pirata informático logró acceder a registros telefónicos de un agregado legal asistente del FBI asignado a la Embajada de Estados Unidos en México. Con esta información, obtuvo tanto las llamadas entrantes y salientes como los datos de geolocalización del funcionario.
Además, el mismo hacker habría utilizado el sistema de cámaras de vigilancia de la capital mexicana para rastrear al agente estadounidense durante sus desplazamientos por la ciudad. Esta vigilancia visual permitió identificar a las personas con las que se reunió el funcionario del FBI.
El informe asegura que la información recopilada fue utilizada por el cártel para intimidar, y en algunos casos eliminar, a potenciales fuentes de información y testigos colaboradores. Ninguno de los implicados —ni el hacker, ni el agente afectado, ni las víctimas— fue identificado en el documento oficial.
El reporte forma parte de una evaluación más amplia sobre los desafíos que enfrentan las agencias de inteligencia y cuerpos de seguridad frente a lo que se denomina «vigilancia técnica ubicua». Este concepto engloba la combinación de tecnologías de seguimiento masivo, como cámaras públicas y recolección de datos por dispositivos móviles, que en este caso habrían sido utilizadas con fines criminales.
El documento destaca la creciente dificultad que enfrentan los organismos internacionales para garantizar la protección de sus fuentes humanas en un entorno digital donde la información sensible puede ser interceptada y manipulada por actores criminales organizados.
Consultada sobre el informe, la embajada estadounidense en México remitió las solicitudes de información a los departamentos de Estado y Justicia. Ninguno respondió de inmediato a las peticiones de comentarios. Tampoco hubo pronunciamiento por parte del FBI ni del abogado defensor de Joaquín Guzmán.
El caso plantea una alerta significativa sobre la vulnerabilidad de las herramientas de vigilancia urbana, originalmente diseñadas para proteger a la ciudadanía, pero que en este escenario fueron utilizadas por una organización criminal para perpetrar actos violentos contra quienes colaboraban con la justicia.