Roberto Blanco, identificado como “El Señor de los Buques”, promovió un juicio de amparo con el objetivo de evitar su detención dentro de las investigaciones por presunto tráfico de combustible y una red de “huachicol” fiscal. El recurso legal fue presentado inicialmente en Nuevo León; sin embargo, el juez declinó competencia debido a que la orden de aprehensión fue emitida por una autoridad judicial del Estado de México.
De acuerdo con los registros del Consejo de la Judicatura Federal, el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México admitió a trámite la demanda de amparo interpuesta por la defensa de Blanco. En el expediente se detalla que la orden de captura proviene de un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez.
La solicitud busca frenar la ejecución de la orden de aprehensión y denunciar presuntos actos de incomunicación relacionados con el proceso. El expediente judicial señala que la indagatoria no es reciente, ya que comenzó en agosto del año pasado. Tras el traslado formal de la competencia desde Nuevo León, el juez Jorge Adrián Cruz Flores turnó el asunto al área de proyectos para la elaboración de la resolución correspondiente. En los próximos días se definirá si se concede o no la protección federal solicitada.
El nombre de Roberto Blanco adquirió notoriedad pública después de que el gobierno federal desmanteló una red de “huachicol” fiscal en la que también se menciona a Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán.
Blanco Cantú y sus colaboradores son señalados por integrar una presunta estructura dedicada al contrabando de combustible mediante el uso de buques cisterna y empresas de transporte. Las operaciones bajo investigación están vinculadas con aseguramientos de millones de litros de diésel realizados en marzo pasado en los puertos de Ensenada, Baja California, y Altamira, Tamaulipas.
Asimismo, se le identifica como propietario de la empresa Mefra Fletes, señalada por su presunta participación en la distribución de combustible importado ilegalmente desde Texas hacia puertos en Tamaulipas, Veracruz, Sonora y Baja California.