Venezuela vivió una de sus jornadas más tensas y complejas luego de que Estados Unidos anunciara que el presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores, enfrentarán cargos criminales en una corte federal de Nueva York, tras haber sido capturados durante una operación estadounidense en territorio venezolano. La información fue confirmada por autoridades de Washington, mientras en Caracas se registraban explosiones y el gobierno denunciaba ataques contra zonas civiles y militares.
En paralelo al anuncio judicial, durante la madrugada del sábado se escucharon múltiples detonaciones en Caracas y en entidades como Miranda y La Guaira. El gobierno venezolano atribuyó los hechos a ataques aéreos lanzados desde helicópteros estadounidenses, los cuales, según denunció, impactaron instalaciones civiles y militares. Las explosiones se produjeron en un contexto de alta tensión bilateral, tras el despliegue previo de buques de guerra y aeronaves estadounidenses en el mar Caribe.
El presidente Donald Trump confirmó públicamente la captura de Maduro y de Cilia Flores. En una publicación en Truth Social, aseguró que Estados Unidos llevó a cabo una operación a gran escala en Venezuela, que concluyó con la detención del mandatario venezolano y su traslado, junto con su esposa, fuera del país. Trump reiteró que su gobierno no reconoce a Maduro como presidente legítimo y afirmó que la operación contó con apoyo de fuerzas del orden estadounidenses.
La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, informó que Maduro y Flores fueron acusados en el Distrito Sur de Nueva York por conspiración para narcoterrorismo, tráfico de drogas, importación de cocaína y posesión de armas de fuego, incluidas ametralladoras. De acuerdo con su declaración pública, ambos serán juzgados bajo jurisdicción federal estadounidense, luego de haber sido detenidos durante una incursión ejecutada por el gobierno de Estados Unidos.
Mientras que el secretario de Estado Marco Rubio reiteró que Washington considera a Maduro como el líder de una organización criminal vinculada al narcotráfico y al terrorismo, postura que ha sido sostenida por Estados Unidos en los últimos años y que ahora se materializa en acusaciones formales ante tribunales federales.
En Venezuela, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció el uso de misiles y cohetes sobre zonas urbanas y calificó los ataques como una invasión. Señaló que las autoridades activaron operativos de búsqueda ante la posible existencia de heridos o fallecidos y afirmó que la agresión respondía, según su versión, a intereses sobre recursos estratégicos del país. En mensajes difundidos en redes sociales, describió la acción como “ruin y cobarde”.
Horas después, la vicepresidenta Delcy Rodríguez confirmó que Nicolás Maduro fue sustraído durante los ataques registrados en la madrugada. En una comunicación transmitida por la televisora estatal Venezolana de Televisión, indicó que el gobierno venezolano desconoce el paradero tanto del mandatario como de su esposa y exigió pruebas de vida de ambos, al tiempo que responsabilizó a Estados Unidos por lo ocurrido.
La reacción política en Caracas incluyó un llamado urgente a la comunidad internacional. El canciller Yvan Gil informó que Venezuela solicitó una reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, al que señaló como responsable de garantizar el respeto al derecho internacional. En un comunicado oficial, el gobierno venezolano afirmó que se reserva el derecho a la legítima defensa, conforme al Artículo 51 de la Carta de la ONU, para proteger su soberanía y a su población.
Mientras que el ministro del Interior, Diosdado Cabello, denunció que los ataques alcanzaron edificios residenciales y otros objetivos civiles. Llamó a la población a mantener la calma y pidió a los organismos internacionales pronunciarse ante lo que calificó como una agresión. Aseguró que el país permanecía en tranquilidad y que la población no salió a las calles pese a los hechos registrados.