El día de ayer, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa de ley que plantea la extinción de 13 de los 14 fideicomisos con los que cuenta el Poder Judicial de la Federación (PJF) Sin embargo, para que ésta entre en vigor deberá de ser ratificada por la Cámara de Senadores.
Por su parte, La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un comunicado de prensa en el que se afirma que la extinción de los fideicomisos sí afectará los derechos laborales de las y los trabajadores del PJF.
La Corte dijo que al menos 6 fideicomisos están relacionados con obligaciones patronales, cuyo cumplimiento constituyen derechos de las y los trabajadores, tanto laborales como de seguridad social: pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro.
Estos derechos adquiridos están reconocidos ante la Constitución y la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, en los siguientes instrumentos legales:
Los derechos tutelados en estos instrumentos normativos no constituyen prestaciones adicionales, sino derechos adquiridos de las personas trabajadoras en el PJF que ya cumplen con los requisitos establecidos en las reglas de operación de cada fideicomiso, así como de quienes eventualmente cumplirán con ellos.
Por ello, los recursos que integran estos fideicomisos son los que se requieren para el aseguramiento de estos derechos adquiridos, tanto en el presente como a futuro, con base en análisis actuariales que definen el porcentaje de participación de fideicomisos y el porcentaje de gasto corriente.
El comunicado contempla que el personal operativo del Poder Judicial de la Federación, que representa más del 60% de la plantilla, es el principal beneficiario de las prestaciones laborales vinculadas a los fideicomisos, por lo que la extinción de fideicomisos si limita la operatividad del PJF y, con ello, el derecho al acceso a la justicia en perjuicio de la sociedad en su conjunto.
Existen fideicomisos que atienden necesidades específicas de operación, como es el caso del fideicomiso para el Desarrollo de infraestructura que implementa las Reformas Constitucionales en Materia de Justicia Federal.
“Los recursos de ese fideicomiso se utilizan para financiar, como su nombre indica, la implementación de obligaciones derivadas de reformas constitucionales y legales como la reforma laboral, así como de la suscripción de tratados internacionales, como es el caso del T-MEC, específicamente, en esa materia”.
Así, la extinción de este fondo afecta directamente a la implementación de las reformas y, por lo tanto, a los compromisos del país.
“Los fondos de otro fideicomiso, el 80687, se destinan a proyectos de infraestructura, los cuales tienen que ver con los espacios donde se imparte la justicia y que están al servicio no sólo de las personas trabajadoras del PJF, sino también de las y los usuarios del sistema judicial; es decir, de toda la sociedad”.
La SCJN recalcó que los fideicomisos no son para el pago de prestaciones de ministras y ministros.
“Ninguno de los 14 fideicomisos cuenta con recursos que se destinen a pagar alguna prestación para las ministras y los ministros de La Corte.”
“El fideicomiso relacionado con casas habitación de las personas magistradas y juezas, cubren gastos vinculados con prestaciones inherentes a sus funciones, como es el apoyo para contar con un lugar para residir cuando cambian de adscripción en cumplimiento de las necesidades de la judicatura.”
El comunicado concluyó aseverando que la administración de los fideicomisos si es transparente y cuenta con mecanismos de rendición de cuentas, por lo que la iniciativa aprobada no significa una mejora en este rubro.
La información sobre los fideicomisos con los que cuenta el PJF es pública, transparente y consultable por cualquier persona que quiera conocerla y se actualiza de manera trimestral en los portales de transparencia y en el Diario Oficial de la Federación. (Información de Milenio)