El gobernador de Tennessee, Bill Lee, ha firmado la polémica propuesta de ley SB2576, la cual entrará en vigor el 1 de julio próximo. Esta legislación ordena a los agentes estatales cooperar con las autoridades federales de migración, con el objetivo declarado de deportar a personas indocumentadas detenidas por presuntos delitos.
La firma de esta ley ha generado preocupación en el gobierno mexicano, expresada por la canciller Alicia Bárcena Ibarra. En sus redes sociales, la canciller destacó la «gran preocupación» de la administración de Andrés Manuel López Obrador ante las «nuevas medidas en Estados Unidos contra los derechos humanos». Bárcena aseguró que reforzarán la asistencia consular ante posibles casos de separación familiar, así como frente a prácticas discriminatorias y de perfilamiento racial.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido que la ley SB2576 podría facilitar detenciones arbitrarias basadas en el perfil racial de las personas, sumándose así a una serie de medidas antimigrantes promovidas por figuras del Partido Republicano en el contexto electoral.
Entre estas medidas, destaca la Ley SB4 de Texas, que fue suspendida por la Suprema Corte tras un amicus curiae presentado por el gobierno mexicano, al considerar que otorgaba a agentes estatales facultades exclusivas de la federación.
Recientemente, la gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, también promulgó una ley similar, la 2340, la cual tipifica como delito grave la entrada al territorio estatal de personas indocumentadas a las que se les haya negado un trámite migratorio. Esta legislación entrará en vigor el mismo día que la ley de Tennessee.
La canciller Bárcena deploró la adopción de estas medidas, argumentando que buscan criminalizar a la población migrante al permitir que oficiales de procuración de justicia a nivel local y estatal arresten a personas inmigrantes por su estatus indocumentado.