El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció públicamente el abandono de las investigaciones relacionadas con el rancho Izaguirre, identificado como un sitio de exterminio y localizado en marzo del año pasado. A través de un posicionamiento difundido en redes sociales y dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, la organización acusó omisiones graves, irregularidades procesales y falta de seguimiento institucional que, señalaron, podrían derivar en la liberación de personas detenidas en el caso.
En el mensaje, el colectivo afirmó que las autoridades han dejado de realizar diligencias fundamentales, como cateos adicionales y el desarrollo de líneas de investigación aún pendientes. También señalaron que, pese a la existencia de evidencias, no se ha procedido judicialmente contra funcionarios que, a su juicio, deberían rendir cuentas. Según el pronunciamiento, estas fallas han ocurrido a lo largo de varios meses en los que decidieron guardar silencio para no entorpecer las indagatorias y por la confianza depositada en las instituciones.
“Este mensaje no es político ni golpeteo mediático (…) lo único que recibimos fue abandono, omisiones y mentiras. Hoy, el rancho Izaguirre se encuentra totalmente abandonado”, expuso el colectivo en el documento, el cual fue acompañado de imágenes que, aseguran, muestran el estado de descuido del lugar.
Guerreros Buscadores de Jalisco alertó además sobre un riesgo concreto de que los detenidos queden en libertad, debido a irregularidades como la presunta filtración de información desde la Fiscalía General de la República (FGR) hacia el crimen organizado. Indicaron que estas filtraciones habrían comprometido la solidez del proceso y debilitado las investigaciones en curso.
De acuerdo con el colectivo, también se les ha negado de manera reiterada el acceso a la carpeta de investigación. Señalaron que el expediente fue cerrado tras la salida de la anterior titular de la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, sin que se les ofreciera información clara sobre las razones o el estado actual del caso.
En el pronunciamiento, los integrantes afirmaron que enviaron una carta extensa y detallada tanto a la presidenta Sheinbaum como al entonces fiscal general Alejandro Gertz Manero, sin obtener respuesta. Sostuvieron que la información que ha llegado a la titular del Ejecutivo federal no corresponde con la realidad del caso. “Hoy sabemos que la información que ha llegado a la presidenta es falsa (…) este es nuestro último grito de esperanza”, expresaron, al tiempo que subrayaron la importancia de preservar la memoria de las víctimas y de evitar que se normalice el abandono de centros de exterminio.
El colectivo también reveló que testigos clave, quienes contaban con “información sumamente delicada”, se vieron obligados a huir a Estados Unidos ante el temor por su seguridad, luego de no ser escuchados por las autoridades. Indicaron que estas personas manifestaron su intención de entregar pruebas fuera del país ante la falta de respaldo institucional. “No queremos que la verdad se fugue”, concluyeron en su mensaje.