En la antesala de las elecciones del 2 de junio en México, el Instituto Nacional Electoral (INE) se pronuncia sobre la creciente preocupación en torno a la posible influencia del crimen organizado en el proceso electoral. El consejero del INE, Arturo Castillo, descarta enfáticamente la idea de una «narco-elección«, aunque reconoce la existencia de desafíos en materia de seguridad que deben abordarse.
En una conferencia de prensa, Castillo señala que la inseguridad es una realidad en todo el país y enfatiza la importancia de atenderla. Sin embargo, se muestra cauteloso al afirmar que no posee datos que respalden la existencia de una elección dominada por el narcotráfico. Esta declaración surge en respuesta a la alerta expresada por el magistrado Felipe de la Mata, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien manifestó su temor ante la posibilidad de elecciones influenciadas por el crimen organizado.
El presidente Andrés Manuel López Obrador también entra en la polémica al calificar como «calumnia» un artículo de ProPública, basado en fuentes de la Agencia de Control Antidrogas (DEA) de Estados Unidos, que sugiere que el Cártel de Sinaloa habría aportado 2 millones de dólares a su campaña de 2006. La oposición, representada por la candidata Xóchitl Gálvez, insta al presidente a denunciar en Estados Unidos el reportaje, calificándolo como una acusación grave.
La participación de la delincuencia organizada en las elecciones es un tema que la candidata opositora considera como una constante. Mientras tanto, el consejero del INE enfatiza que, aunque están preocupados por la seguridad, el organismo autónomo no puede involucrarse directamente en este ámbito, ya que ello pondría en riesgo la organización de las elecciones. La coordinación con las autoridades de seguridad es intensa, pero se mantiene dentro de los límites de competencia establecidos.
En este contexto, Castillo hace un llamado a las autoridades federales y locales para garantizar que las elecciones sigan siendo confiables, recordando la necesidad de preservar la democracia que ha caracterizado al país durante casi 30 años. La magnitud de las elecciones del 2 de junio, las más grandes en la historia de México, añade un elemento adicional de responsabilidad y desafío para el INE.
En otro frente, el consejero revela que, de 1.5 millones de mexicanos en el extranjero con credencial vigente, apenas 109 mil se han inscrito para votar desde otros países. Este dato subraya la necesidad de fomentar la participación de la diáspora mexicana en el proceso electoral, aunque también plantea interrogantes sobre las barreras que aún existen para este sector de la población.
Finalmente, el consejero aborda la controversia relacionada con un bono electoral otorgado a consejeros del INE. Reconoce que no todos fueron consultados antes de la aprobación de esta prestación, pero asegura que se está explorando la posibilidad de transferir ese recurso adicional a proyectos prioritarios del Instituto, buscando así mitigar las críticas y redirigir los fondos de manera estratégica.
El INE enfrenta el reto de salvaguardar la integridad del proceso electoral, velando por la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático mexicano. La incertidumbre en torno a la seguridad y las acusaciones cruzadas en el ámbito político añaden un matiz de tensión a la próxima jornada electoral, donde la transparencia y la legitimidad son imperativos ineludibles.