La Fiscalía General de la República informó que realiza un análisis exhaustivo de la investigación integrada contra María Amparo Casar, presidenta de la organización Mexicanos Contra la Corrupción, con el objetivo de verificar que el procedimiento se haya llevado a cabo conforme al marco legal vigente. La institución dio a conocer esta revisión mediante un comunicado difundido en redes sociales, en el que precisó que la indagatoria no es reciente y que fue judicializada desde el mes de septiembre.
De acuerdo con el posicionamiento oficial, el Ministerio Público Federal revisa de manera detallada la carpeta de investigación para corroborar que su integración se ajustó a derecho. La Fiscalía subrayó que el expediente fue presentado ante un juez con anterioridad y no en fechas recientes, como se ha señalado en algunas versiones públicas que, según la institución, son imprecisas.
En el mismo comunicado, la FGR rechazó categóricamente las acusaciones de que actúe por consigna o bajo motivaciones ajenas al marco jurídico. Aseguró que sus investigaciones se desarrollan exclusivamente con base en la ley y con el objetivo de garantizar el respeto a los derechos de todas las personas involucradas en los procesos penales.
“La FGR trabaja para realizar investigaciones en el marco de la ley, sin sesgos de ningún otro tipo que no sea el marco jurídico, con la finalidad de respetar los derechos de todas las personas. Es absolutamente falso que esta institución trabaje por consigna”, señaló la dependencia en su mensaje público.
La información oficial se dio a conocer después de que se reportara que el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República presentó ante un juez la carpeta de investigación en contra de María Amparo Casar. El expediente la señala por el presunto delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, derivado de hechos relacionados con una pensión otorgada por Petróleos Mexicanos.
Según lo expuesto en la investigación judicializada, la Fiscalía sostiene que Casar se habría beneficiado del fallecimiento de su esposo, ocurrido por suicidio, para acceder a una pensión vitalicia de Pemex. El monto referido en el expediente asciende a 125 mil pesos mensuales, cifra que forma parte de los elementos analizados por el Ministerio Público en la integración del caso.
La Fiscalía precisó que el procedimiento se encuentra bajo revisión interna con el fin de confirmar que cada una de las etapas cumplió con los requisitos legales correspondientes. Este análisis, indicó, forma parte de sus obligaciones institucionales y se realiza independientemente de la relevancia pública de las personas involucradas.
Con este pronunciamiento, la FGR reiteró que la actuación del Ministerio Público se apega a las disposiciones legales y que la judicialización del caso responde a un proceso iniciado meses atrás. La dependencia insistió en que cualquier evaluación sobre la legalidad de la investigación se sustenta exclusivamente en criterios jurídicos y en la normativa aplicable, sin considerar factores externos al ámbito de la ley.