A dos meses de concluir las mesas de trabajo entre colectivos de madres buscadoras y autoridades federales, encabezadas por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se realizó una nueva reunión este 17 de junio para revisar avances puntuales en las propuestas entregadas por familiares de personas desaparecidas.
Durante el encuentro, se abordaron temas fundamentales como la iniciativa de reforma para combatir la desaparición forzada, el fortalecimiento de mecanismos de búsqueda y la creación de la Plataforma Única de Identidad, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.
En la sesión, la secretaria Rodríguez reconoció el papel determinante de los colectivos, al afirmar que “las leyes no pueden escribirse desde los escritorios” y subrayó la relevancia de “honrar lo que ha sido sembrado”en las mesas previas, a través de propuestas valientes y profundamente humanas.
Por parte de los colectivos, la fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, Cecilia Flores, insistió en la urgencia de que las familias sean consideradas como primeros respondientes en casos de desaparición, además de recibir capacitación especializada. También hizo un llamado para que la jefa del Ejecutivo federal reciba directamente a las familias y ordene la aplicación eficaz de las leyes vigentes.
Los compromisos abordados en la sesión incluyen la conformación de equipos multidisciplinarios en distintas entidades del país, integrados por la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Búsqueda, y autoridades locales. Estos equipos trabajarán en conjunto con los colectivos, quienes continúan siendo los principales generadores de indicios para las investigaciones.
Los colectivos también señalaron la necesidad de que los gobiernos federal y estatales reconozcan los nexos existentes entre autoridades de seguridad y delincuencia organizada, como en el caso del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco.
Milagros Flores, integrante del colectivo Jóvenes Buscadoras de Sonora, manifestó que “en la mayoría de los casos de desapariciones están involucradas autoridades tanto federales como estatales” y reiteró la necesidad de frenar desde el origen la participación de funcionarios en estos delitos.
La confianza en las instituciones continúa siendo un punto frágil. A pesar de las reuniones sostenidas y de los compromisos expresados, la crisis de desapariciones sigue vigente. Las madres buscadoras mantienen sus labores de rastreo de manera independiente, en condiciones precarias y sin la protección adecuada.
Cecilia Flores denunció que en estados como Sonora, Jalisco y Sinaloa la situación de inseguridad ha empeorado y señaló que no corresponde a la realidad la afirmación de que esta haya disminuido. “Tener que portar una camisa y decir que no me maten, pues no debería de ser”, expresó.
Lidia Hernández Reyes, madre de Jorge Hernández, desaparecido en 2019 en Nogales, también participó en el encuentro. Subrayó que muchas veces las madres salen a buscar sin ningún tipo de acompañamiento, lo que representa un riesgo constante.
Una exigencia aún no atendida por parte del gobierno federal es la renuncia de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Diversos colectivos la señalan por haber debilitado el organismo tras despidos masivos de personal especializado en criminalística, antropología y arqueología forense, limitando las capacidades de campo.
Si bien los colectivos decidieron suspender esta solicitud tras un acercamiento con la funcionaria, mantendrán en evaluación su desempeño. Reiteraron que su exigencia central es la búsqueda y localización efectiva de sus desaparecidos, y que todos los funcionarios en activo deben cumplir sus obligaciones sin excepción.
En la agenda presentada por los colectivos también se propuso la Plataforma Única de Identidad. Este sistema contempla un registro de identidad desde el nacimiento, con huellas dactilares y fotografía en el acta, además de un mecanismo nacional e inmediato de alerta e identificación. Esta plataforma obligaría a autoridades de todos los niveles, e incluso a entidades privadas, a colaborar en los procesos de búsqueda y en la identificación forense de las víctimas.