Las secuelas de la búsqueda de personas desaparecidas no sólo se reflejan en expedientes sin resolver. Integrantes de colectivos en Guanajuato denunciaron que, además de enfrentar amenazas y violencia, muchas buscadoras padecen enfermedades derivadas de años de desgaste emocional, estrés y jornadas en campo sin acompañamiento institucional.
Durante la presentación del informe sobre desapariciones de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), la vocera del colectivo Hasta Encontrarte, Bibiana Mendoza, aseguró que varias de sus compañeras han sufrido afectaciones severas de salud mientras continúan buscando a sus familiares.
“Vivimos en un mundo donde venimos exigiendo seguridad para las buscadoras (…) si no nos mata el crimen organizado, nos mata la depresión, porque en el transcurso de todos estos años se han muerto mis compañeras de diabetes, de depresión”, expresó.
Mendoza, quien busca desde hace ocho años a su hermano Manuel Ojeda Negrete tras su desaparición en Guanajuato, relató que una integrante del colectivo sufrió desprendimiento de retina provocado por el llanto constante y la presión emocional relacionada con las labores de búsqueda. “Se están quedando sin salud”, afirmó.
La activista también señaló que las jornadas para localizar personas desaparecidas continúan siendo realizadas por las familias, pese a que, sostuvo, deberían ser encabezadas por las autoridades. Recordó además que Guanajuato se mantiene como el estado más peligroso para las madres buscadoras.
Según explicó, desde 2018 han solicitado reuniones y apoyo al gobierno federal sin obtener respuesta. “Fue al expresidente Andrés Manuel López Obrador, actualmente, la presidenta Claudia Sheinbaum y no hemos tenido respuesta alguna”, declaró. También criticó que, en administraciones anteriores, el acceso a Palacio Nacional fuera restringido mediante vallas.
A las denuncias se sumó otra madre buscadora presente en el acto, quien afirmó llevar 21 años buscando a su hija. “Nosotros como colectivo hemos encontrado a personas con vida, gracias a Dios pero también a muchas, muchísimas en fosas clandestinas. Créanme que ya estoy cansada y sigo saliendo al campo. Yo quiero saber si realmente vamos a ser escuchados porque sí, ya nos estamos muriendo, ya nos estamos acabando”, dijo.
El contexto de violencia contra colectivos se agravó el 10 de mayo, cuando fueron asesinadas en Salamanca la madre buscadora Patricia Acosta Rangel y su hija Katia Citlali Jáuregui Acosta. El crimen representó el tercer asesinato registrado este año dentro del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos y hasta ahora no hay detenidos.
Durante la presentación del informe, defensores de derechos humanos señalaron que México enfrenta una crisis de desapariciones con más de 133 mil personas no localizadas. Indicaron que las políticas implementadas siguen siendo insuficientes y denunciaron que la mayoría de los casos no se investigan con perspectiva de género.