La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidió a las autoridades una investigación pronta, eficaz y con perspectiva de derechos humanos por el asesinato de Katia Daniela Medina Rafael, defensora trans y directora del Colectivo Trans Zapotlán, cuyo cuerpo fue hallado el pasado 9 de agosto en Zapotlán el Grande, Jalisco.
A través de un mensaje difundido en la red social X, la ONU-DH lamentó el crimen y envió condolencias a la familia y amistades de la activista. “Recordamos la importancia de una investigación pronta y eficaz que considere su labor de defensa de los Derechos Humanos y permita sancionar a todos los responsables. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y amistades”, señaló el organismo.
La noticia ha generado reacciones en distintos ámbitos. La presidenta municipal de Zapotlán el Grande, Magali Casillas Contreras, expresó su preocupación por el asesinato y lamentó que algunos medios locales se refirieran a la víctima con términos discriminatorios. “Estas expresiones no sólo son incorrectas, sino que representan una grave falta de respeto a su identidad y dignidad, así como a los principios de derechos humanos que deben regir toda labor informativa”, señaló la alcaldesa en un pronunciamiento público.
Casillas también hizo un llamado a las autoridades estatales y federales a garantizar justicia en el caso para evitar la impunidad. Subrayó que la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos y, en particular, contra integrantes de la comunidad trans, constituye una amenaza a la democracia y a la libertad de expresión.
Katia Medina era ampliamente reconocida en la región por su labor en defensa de los derechos de las personas trans y de la comunidad LGBTI+. Desde el Colectivo Trans Zapotlán impulsó proyectos de inclusión, acompañamiento y sensibilización en un contexto donde los crímenes de odio siguen siendo una preocupación constante.
La ONU-DH ha reiterado en diversos foros que México es uno de los países más peligrosos para quienes defienden derechos humanos, particularmente para las mujeres y personas de la diversidad sexual. El asesinato de Medina se suma a una larga lista de agresiones que, de acuerdo con organizaciones civiles, subrayan la necesidad de reforzar las medidas de protección y garantizar investigaciones imparciales.
El caso de Katia se convirtió en un llamado urgente para que las instituciones de justicia actúen con perspectiva de género y diversidad, no solo para esclarecer el crimen, sino también para enviar un mensaje de cero tolerancia a la violencia contra las personas trans. La exigencia de organismos internacionales, autoridades locales y colectivos en defensa de los derechos humanos converge en un mismo punto: que el asesinato de la activista no quede en la impunidad.