Nicolás Maduro compareció este lunes ante una corte federal de Nueva York, donde se declaró no culpable de los cargos de “narcoterrorismo” que le imputa el gobierno de Estados Unidos y expresó enfaticamente «soy un hombre decente, aún soy el presidente» de Venezuela. La audiencia se realizó después de que el exmandatario venezolano fue trasladado desde la prisión federal Metropolitana de Brooklyn (MDC) hasta el recinto judicial. En el mismo expediente, su esposa, Cilia Flores, también se declaró no culpable de las acusaciones relacionadas con tráfico de cocaína.
El proceso judicial es conducido por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, una instancia del Departamento de Justicia reconocida por su autonomía y por encabezar casos de alto perfil vinculados al crimen organizado y a redes transnacionales. La acusación sostiene que, durante más de 25 años, Maduro y otros dirigentes venezolanos habrían abusado de sus posiciones de poder y corrompido instituciones públicas para facilitar la importación de grandes cantidades de cocaína a territorio estadounidense.
Según los fiscales, el esquema descrito incluía brindar protección policial y respaldo logístico a organizaciones criminales de alcance internacional, entre ellas el Cártel de Sinaloa y el grupo conocido como el Tren de Aragua. A cambio, dichas estructuras delictivas habrían canalizado recursos económicos hacia funcionarios de alto rango que garantizaban su operación y encubrimiento.
El expediente detalla actos concretos atribuidos a Maduro, como la presunta venta de pasaportes diplomáticos venezolanos a narcotraficantes y la facilitación de vuelos bajo cobertura oficial para trasladar desde México a Venezuela las ganancias obtenidas por el tráfico de drogas. Estos elementos forman parte central de la narrativa presentada por la fiscalía para sustentar los cargos.
En total, el exmandatario enfrenta cuatro imputaciones federales: conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer ese tipo de armamento. Estas acusaciones ya habían sido formuladas en 2020; no obstante, la versión actualizada de la acusación, hecha pública el sábado, incorpora nuevos detalles y amplía la lista de coacusados, incluyendo formalmente a Cilia Flores.
En el caso de la esposa de Maduro, el documento judicial la señala por presuntamente ordenar secuestros y asesinatos, además de aceptar sobornos en 2007 para facilitar una reunión entre narcotraficantes y el entonces director de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela. Estos señalamientos forman parte de la acusación ampliada presentada por la fiscalía neoyorquina.
A medida que avance el proceso, se prevé que la defensa de Maduro intente la desestimación del caso al argumentar que goza de inmunidad frente a la justicia estadounidense por su condición de jefe de Estado extranjero. Sin embargo, este planteamiento enfrenta precedentes adversos, como el del exlíder panameño Manuel Noriega, quien fue capturado tras la invasión estadounidense de Panamá en 1989 y procesado en tribunales federales por delitos similares. En ese caso, los jueces rechazaron la inmunidad al considerar que Washington no lo reconocía como líder legítimo.
Además de la inmunidad, la defensa podría invocar otros recursos legales, como alegar persecución selectiva o vengativa, así como la prescripción de los delitos. En el sistema federal estadounidense, los cargos por conspiración suelen prescribir a los cinco años, con excepciones específicas que pueden extender ese plazo, lo que será parte central del debate jurídico conforme el caso continúe su curso en Nueva York.