La creciente impunidad en casos de feminicidio y violencia contra mujeres y niñas, sumada a los efectos de políticas de austeridad, está debilitando la capacidad de los Estados para responder de manera efectiva a estos delitos. Así lo advirtió Reem Alsalem, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, durante una reunión con la Comisión para la Igualdad de Género del Senado.
En su intervención, la experta de la ONU señaló que las reformas legales y la creación de nuevas normas en distintos países resultan insuficientes si no cuentan con presupuesto, infraestructura institucional y mecanismos claros de implementación. Subrayó que una legislación sin recursos ni estructura operativa no produce resultados concretos, especialmente en delitos como feminicidio, violencia sexual, prostitución forzada y venta ilegal de menores.
Alsalem alertó que la impunidad “está por todos lados” en este tipo de crímenes. Indicó que persisten obstáculos estructurales que impiden a las víctimas acceder a la justicia y a servicios de apoyo. En muchos casos, explicó, las mujeres no saben a qué instancia acudir o enfrentan autoridades que mantienen prejuicios y no aplican un enfoque de género en su actuación. Más allá de la capacitación, sostuvo, es indispensable construir rutas de atención funcionales que permitan canalizar adecuadamente a las víctimas desde el primer contacto con las instituciones.
La relatora también expresó preocupación por el impacto de las políticas de austeridad adoptadas en diversos países. De acuerdo con su análisis, la reducción de recursos públicos —acompañada en algunos contextos por un aumento en la militarización— ha limitado la disponibilidad de fondos destinados a poblaciones vulnerables, incluidas las mujeres que enfrentan violencia.
Entre las áreas afectadas mencionó los refugios para víctimas, la emisión y seguimiento de órdenes de protección, así como los sistemas de medición y prevención del feminicidio. La disminución de financiamiento en estos rubros, advirtió, agrava el riesgo para mujeres y niñas y debilita la respuesta institucional frente a la violencia.
En el plano normativo, Alsalem hizo un llamado específico a avanzar en legislaciones que criminalicen la compra de niños y la gestación subrogada, como parte de un marco más amplio para combatir la explotación y proteger los derechos de la infancia.
La advertencia coloca en el centro del debate la necesidad de que las políticas públicas contra la violencia de género no solo existan en el papel, sino que cuenten con respaldo presupuestal, mecanismos efectivos de aplicación y un enfoque integral que garantice atención, protección y acceso real a la justicia para las víctimas.