Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU, advirtió que la propuesta de reforma al Poder Judicial presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador podría comprometer la independencia de la judicatura nacional, especialmente si se aprueba sin modificaciones.
En una carta dirigida al presidente, Satterthwaite expresó su inquietud por la iniciativa que Morena planea aprobar en septiembre, la cual incluye la elección popular de jueces, magistrados y ministros, la reducción de salarios judiciales y la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
La relatora subrayó que su preocupación se da en un contexto de intimidación hacia los jueces desde los poderes Ejecutivo y Legislativo, y por la intervención del propio López Obrador en la Suprema Corte para influir en decisiones judiciales a favor del gobierno.
Según Satterthwaite, la propuesta no prevé mecanismos independientes para verificar la formación, aptitud e integridad de los candidatos, delegando esta función a un órgano político como el Senado, y no establece un mínimo de votación popular para validar la elección.
Advirtió que la elección popular de jueces podría llevar a que los candidatos busquen agradar a los votantes o patrocinadores de campañas, en lugar de basar sus decisiones en principios y normas jurídicas.
Satterthwaite también señaló que la recomendación del Comité de Derechos Humanos destaca que la selección de jueces por periodos cortos debilita el sistema judicial y afecta negativamente la independencia y desarrollo profesional de los jueces.
Expresó su preocupación por informes que indican que aproximadamente 1,800 jueces y funcionarios serían despedidos inmediatamente tras la implementación de la reforma, lo que podría retrasar la administración de justicia y violar el derecho a un juicio justo para los ciudadanos.
Finalmente, comentó que alinear los periodos de los jueces con el ciclo electoral presidencial aumenta el riesgo de politización del sistema judicial, afectando la profesionalización de la judicatura. Respecto a la creación de un Tribunal de Disciplina con poder para sancionar jueces, Satterthwaite criticó que se base en criterios vagos y la imposibilidad de apelar sus decisiones, lo cual considera contrario a los estándares internacionales y al derecho a un juicio justo.