La desaparición de la activista Sandra Domínguez y su esposo, Alexander Hernández, ha desatado una ola de preocupación tanto a nivel nacional como internacional. Ante la gravedad de los hechos, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha emitido una serie de recomendaciones urgentes al gobierno de México, exigiendo acciones inmediatas para su búsqueda y la investigación de su paradero.
Sandra Domínguez, una abogada defensora de los derechos humanos y activista mixe, fue vista por última vez junto a su esposo el pasado 4 de octubre en San Juan Cotzocón, Oaxaca. Este hecho ha encendido las alarmas en organizaciones de derechos humanos, ya que Domínguez, en marzo del año pasado, denunció públicamente la participación de funcionarios estatales en redes de acoso contra mujeres, lo que genera suspicacias sobre las posibles causas de su desaparición.
El pasado martes, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) hizo pública su preocupación por la situación, solicitando al Estado mexicano que adopte medidas urgentes para la localización y protección de Sandra Domínguez y Alexander Hernández. «La desaparición de defensores de derechos humanos es un ataque directo contra la justicia y la verdad. Es fundamental que la labor de la Sra. Domínguez sea considerada en todas las etapas de la búsqueda», señaló el organismo en un comunicado difundido en redes sociales.
La exigencia de la ONU no es menor. El Comité contra la Desaparición Forzada ha demandado una investigación exhaustiva que cumpla con los principios de “debida diligencia”, los cuales incluyen la oficiosidad, inmediatez y exhaustividad en cada uno de los pasos de la búsqueda. Además, se subraya la importancia de que se tomen en cuenta las denuncias presentadas anteriormente por Domínguez, entre ellas el posible involucramiento de agentes del Estado en su desaparición.
El activista Joaquín Galván, a través de sus redes sociales, fue uno de los primeros en dar a conocer el documento emitido por la ONU, donde se solicita un plan de acción con cronogramas claros que garanticen que la búsqueda se lleve a cabo de manera integral. «No podemos permitir que otra voz que lucha por los derechos humanos desaparezca sin más. Exigimos respuestas y acciones concretas», escribió Galván en un mensaje dirigido al gobierno federal.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca emitió una ficha de búsqueda el pasado 8 de octubre, en la que se describe a Sandra Domínguez como una abogada comprometida con la defensa de los derechos de las mujeres indígenas, lo que ha despertado el interés de múltiples organizaciones de derechos humanos en el país. Sin embargo, activistas y colectivos han criticado la falta de avances concretos en la investigación y han señalado que la inacción podría estar relacionada con la implicación de funcionarios locales en redes de acoso y hostigamiento.
La desaparición de Sandra y Alexander ha generado una ola de indignación y preocupación en diversos sectores. Para muchos, este caso no solo refleja el riesgo constante al que se enfrentan los defensores de derechos humanos en México, sino también la impunidad y falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades. «No podemos ignorar el contexto en el que esto ocurre: la violencia contra los defensores de derechos humanos está alcanzando niveles insostenibles. Cada día que pasa sin respuestas es una señal de impunidad», declaró un portavoz de Amnistía Internacional.
La comunidad mixe, a la que pertenece Domínguez, ha mostrado su solidaridad y demanda justicia para su compañera. En San Juan Cotzocón, su pueblo natal, se han organizado vigilias y marchas pacíficas exigiendo la aparición con vida de la abogada y su esposo. «No descansaremos hasta que sepamos la verdad. Sandra no solo es una defensora de los derechos de su pueblo, es una voz de justicia», expresó uno de los líderes comunitarios durante una de las manifestaciones.