La venta de animales en el Mercado de Sonora, ubicado en el centro de la Ciudad de México, deberá concluir de manera definitiva en 2026 como resultado de una orden judicial que busca frenar una práctica señalada durante años por organizaciones de defensa animal. El inmueble, inaugurado en 1957 y conocido tanto por la comercialización de artículos esotéricos como por la exhibición y venta de animales, incluidos ejemplares silvestres y especies en riesgo, enfrenta así un cambio estructural en su actividad comercial.
La resolución se produce tras décadas de denuncias por parte de colectivos animalistas que han documentado la venta de animales mantenidos en condiciones inadecuadas, así como la presencia de especies exóticas o protegidas. Entre los ejemplares que han sido observados en el mercado se encuentran monos araña, reptiles, así como grandes felinos como tigres y leones.
Dulce Ramírez, activista por los derechos de los animales y directora ejecutiva de Igualdad Animal México, explicó que el principal desafío es que la orden judicial se cumpla de forma efectiva. Señaló que, aunque desde hace años existen leyes que prohíben estas prácticas, su aplicación fue limitada. Indicó que la lucha para erradicar la venta de animales en mercados públicos se remonta a varias décadas y que, a partir de 2021, distintas organizaciones impulsaron iniciativas legales para prohibir la matanza de animales vivos y la operación de rastros clandestinos en estos espacios.
Pese a los avances normativos, Ramírez advirtió que algunas prácticas ilegales persisten en otros mercados de la capital, como el de San Juan, donde se ha detectado la matanza de animales como conejos en condiciones que calificó como desoladoras. También señaló riesgos sanitarios asociados a la venta y sacrificio de animales en mercados públicos, donde históricamente se ofrecía carne de animales sacrificados en el lugar, lo que representaba focos de infección.
La organización ha documentado en el Mercado de Sonora la presencia de perros mutilados, enfermos o alterados para aparentar determinadas razas, situaciones que implican riesgos tanto para los animales como para la salud pública. Ramírez describió esta actividad como una red lucrativa que, si bien se desarrolla en un contexto de desigualdad social, genera ingresos significativos.
Durante recorridos recientes, comerciantes del mercado se mostraron reservados y evitaron emitir declaraciones públicas sobre la orden judicial. En estos espacios, los animales han sido adquiridos con distintos fines, desde consumo alimentario y rituales, como gallinas o cabras, hasta actividades recreativas o como alimento para otros animales.
La sentencia judicial contempla un periodo de transición para modificar el giro comercial de los locales y prevé apoyo a los comerciantes afectados, incluso mediante esquemas de respaldo económico. Al respecto, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que la administración capitalina acompañará a los locatarios en el proceso de reconversión. En conferencia de prensa realizada en octubre, afirmó que se buscarán acuerdos para facilitar nuevos giros comerciales y atender las implicaciones sociales de la medida.
Ramírez planteó que una posible alternativa podría ser la reconversión hacia servicios de cuidado animal, al considerar que la industria de animales de compañía representa un sector económicamente activo. Reconoció, sin embargo, que existe un ambiente de tensión entre asociaciones civiles y vendedores, por lo que subrayó la necesidad de que las autoridades funjan como enlace durante el proceso de transición.