Tras la firma de un acuerdo en Palacio Nacional entre autoridades federales, productores, comercializadores e industriales para ordenar el mercado del maíz blanco, el diseño del nuevo esquema gubernamental ha generado rechazo entre organizaciones campesinas que consideran insuficiente su alcance y operación.
El convenio, denominado Sistema de Ordenamiento para el Maíz Blanco, fue encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum junto con la secretaria de Agricultura Columba Jazmín López, quienes defendieron el mecanismo como una vía para fortalecer la autosuficiencia alimentaria, ordenar el mercado y mejorar la rentabilidad de pequeños y medianos productores.
El esquema prevé compras anticipadas mediante contratos voluntarios entre actores del sector, con la participación de alrededor de 80 empresas nacionales y extranjeras, además de priorizar la compra de maíz blanco mexicano sobre importaciones.
Sin embargo, la UNTA rechazó el programa al calificarlo como una “política absurda” y advertir que sus efectos serán limitados frente a la magnitud del sector agrícola. La organización sostiene que la propuesta deja sin cobertura a millones de productores y traslada la definición del precio a intermediarios y compradores.
El secretario general de la organización, Álvaro López Ríos, señaló en un comunicado que el diseño institucional evita la fijación de un precio de garantía para el maíz blanco. En su posicionamiento afirmó: “El Programa Precio Justo es una evasión de responsabilidad para fijar el precio de garantía de esta gramínea y mantiene abiertas las puertas a los acopiadores”.
De acuerdo con la organización, en México existen alrededor de 2.5 millones de pequeños y medianos productores, mientras que el alcance operativo del programa en el ciclo agrícola actual estaría dirigido a cerca de 61.000 agricultores.
En su crítica, López Ríos también expuso que la producción nacional enfrenta afectaciones por sequía y reducción de superficie cultivable. En el Estado de México, indicó, se han perdido al menos 15 mil hectáreas destinadas al maíz.
El dirigente añadió que la dependencia alimentaria ha aumentado, al pasar México de importar el 46% de los alimentos en 2018 a cerca del 75% en la actualidad. Señaló además que entre enero y abril de 2026 las importaciones de maíz blanco y amarillo superaron las cuatro millones de toneladas, cifra considerada récord.
El debate se desarrolla en un contexto de movilizaciones recientes de productores agrícolas, incluidos campesinos de Sinaloa, quienes se manifestaron en la Ciudad de México para exigir mejores condiciones de comercialización y apoyos al sector.