Menos de un día después de que una sentencia federal cuestionara la autoridad del presidente Donald Trump para imponer aranceles a gran escala, una corte de apelaciones federal revirtió la decisión y restableció provisionalmente su política comercial más controvertida. Esta resolución, emitida sin justificación escrita por el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal en Washington, ha generado un ambiente de expectativa e incertidumbre en los círculos políticos y comerciales internacionales.
El miércoles, el Tribunal de Comercio Internacional había dejado en suspenso los aranceles que Trump implementó el pasado 2 de abril, argumentando que su aplicación a países como Canadá, México y China se sustentaba en una interpretación incorrecta de la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA). Tres jueces estimaron que Trump había excedido los límites de su autoridad presidencial al invocar dicha ley con fines comerciales.
El gobierno reaccionó con rapidez. Apenas unas horas después del fallo adverso, la administración Trump presentó una moción de emergencia alegando que el bloqueo representaba un riesgo inmediato para la seguridad nacional. La corte de apelaciones accedió a la solicitud y congeló temporalmente la suspensión de los aranceles, exigiendo a los demandantes responder antes del 5 de junio y al Gobierno antes del 9 del mismo mes.
Mientras tanto, la Casa Blanca defendió su postura con firmeza. La portavoz Karoline Leavitt calificó el fallo original como un “abuso descarado” del poder judicial, al considerar que interfiere en las atribuciones constitucionales del presidente. En una declaración enfática desde la residencia ejecutiva, aseguró que estas intervenciones judiciales amenazan la eficacia de las negociaciones diplomáticas y comerciales del país.
Pese al alivio temporal otorgado por la corte de apelaciones, la controversia sigue viva. Otra corte federal, esta vez en el Distrito de Columbia, emitió un fallo paralelo que también bloquea la aplicación de los mismos aranceles. Esta medida añade una nueva capa de complejidad al proceso legal y político en torno a la política arancelaria estadounidense.
Desde la administración advierten que, de no mantenerse el bloqueo suspendido, el caso podría escalar al Tribunal Supremo. Además, se enviaron señales claras a los países con acuerdos comerciales en curso: la Casa Blanca no descarta recurrir a otras facultades presidenciales para proteger lo que denomina “los intereses globales de Estados Unidos”.
Este nuevo episodio pone en evidencia la creciente fricción entre el poder judicial y el ejecutivo, con implicaciones directas para el comercio internacional y la estabilidad económica. Mientras los tribunales deliberan y las tensiones se intensifican, la política comercial estadounidense entra en una fase crítica que podría redefinir su papel en el escenario global.