Legisladores y partidos políticos se aprestan a promover acciones de inconstitucionalidad, el INE controversia constitucional y funcionarios afectados, amparos; miembros de la sociedad civil pueden acudir a la corte.
La aprobación de reformas a las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe); General de Partidos Políticos (LGPP) y Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF), que esperan la aprobación del Senado, así como la nueva Ley General de Medios de Impugnación, serán motivo de una alta litigiosidad, una vez que sean publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
De acuerdo con el exconsejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Marco Baños Martínez, las acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pueden interponerse en un periodo no mayor a 30 días, contados a partir de su publicación en el DOF.
Además, la sociedad puede acudir a esa instancia, pero por la vía del amicus curiae, que es cuando técnicos en materia electoral o jurídica, pueden redactar argumentos y hacerlos llegar a los ministros para que sean tomados en cuenta en sus razonamientos.
Por su parte el analista político, José Antonio Crespo, dijo que dada la forma en que se realizaron esas reformas, tendrá que intervenir la Corte, por lo que durante 2023 se verá una alta litigiosidad derivada de este proceso legislativo.
En ese sentido Baños Martínez dijo que habrá que ver cómo será la ruta jurídica que se va a iniciar por diversas vías, porque ante las modificaciones a las leyes secundarias sobrevienen las acciones de inconstitucionalidad que han anunciado los grupos parlamentarios de oposición en el Congreso, además que el presidente del INE, Lorenzo Córdova ha dicho que inicia una batalla por esa vía.