En un hecho sin precedentes en el país, el Senado de la República ha aprobado un controvertido y extenso proceso de insaculación para que un total de 464 magistrados de circuito y 386 jueces de distrito sean electos por voto popular el 1 de junio de 2025. La convocatoria oficial será publicada el próximo 15 de octubre, marcando el inicio de una reforma sin parangón en el Poder Judicial mexicano.
Durante la sesión del sábado, que se extendió hasta las 2:30 de la tarde, la confusión y la improvisación se hicieron evidentes, cuando el senador Gerardo Fernández Noroña, encargado de explicar el procedimiento, provocó incertidumbre entre los legisladores de Morena. Muchos de ellos necesitaron una explicación improvisada, utilizando un pizarrón en pleno salón del Senado para aclarar las dudas sobre el proceso de insaculación. «Es un procedimiento inédito, y aunque hubo confusión inicial, estamos encaminados hacia una transformación profunda», expresó Fernández Noroña.
El proceso electoral propuesto implica una votación masiva para renovar parte significativa del sistema judicial en México. A través de este mecanismo, la ciudadanía tendrá la posibilidad de elegir a jueces, magistrados y ministros en lo que se vislumbra como un ejercicio democrático sin precedentes en el país. No obstante, el procedimiento no ha estado exento de críticas y dificultades.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, propuso una enmienda clave, la cual fue aceptada por el pleno, para que durante el proceso electoral de 2025 no se modifique la adscripción de los jueces y magistrados involucrados. «Es esencial que las adscripciones permanezcan estables para garantizar la transparencia y legalidad del proceso», señaló Cantón Zetina.
Por su parte, el vicecoordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, explicó que el objetivo de esta medida es evitar que las plazas que resulten sujetas al proceso electivo sufran cambios que puedan afectar el desarrollo de la votación. «Si una plaza adscrita al primer circuito de la Ciudad de México salió insaculada, queremos asegurar que esa persona no sea movida a otro circuito, garantizando así la legitimidad del proceso», aclaró Mier.
Aunque el proceso electoral avanza, no todos los jueces y magistrados están dispuestos a participar. De acuerdo con los expedientes remitidos por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) al Senado, 25 magistrados y 4 jueces de circuito han declinado ser parte de esta elección histórica. Entre los jueces que han renunciado se encuentran funcionarios de distritos clave como Guerrero, Nuevo León y la Ciudad de México.
Asimismo, los magistrados que optaron por no participar pertenecen a diversos tribunales colegiados en materia penal, del trabajo, administrativa y civil, en ciudades como Tijuana, Mexicali, Monterrey y Hermosillo. Este hecho ha generado interrogantes sobre las implicaciones que tendrá la reforma para la autonomía e independencia del Poder Judicial en un contexto electoral.
Fernández Noroña también señaló que el Senado tiene hasta el 15 de octubre para corregir cualquier error en la redacción y el contenido de la convocatoria. «Este es un proceso que requiere precisión. Tenemos el tiempo suficiente para ajustar los detalles y asegurar que la convocatoria sea justa y clara para todos los participantes», afirmó.
La elección de jueces y magistrados por voto popular es un fenómeno inédito en el país, y su implementación traerá consigo retos y oportunidades para el sistema judicial mexicano. Mientras tanto, el Senado se prepara para lo que podría ser una de las reformas más significativas en la historia reciente de México.
El panorama que se vislumbra es claro: una jornada electoral en junio de 2025 que promete redefinir el funcionamiento del Poder Judicial y acercar a la ciudadanía a los procesos de elección de sus jueces y magistrados. Sin embargo, la incertidumbre sigue latente en cuanto a la implementación y las posibles consecuencias de este novedoso ejercicio democrático.