La estrategia migratoria de Donald Trump dio un paso decisivo en Washington. Mientras el Senado autorizó una inyección multimillonaria de recursos para reforzar las operaciones de control y deportación, el Departamento del Tesoro activó nuevas medidas para que los bancos detecten movimientos financieros vinculados con personas que viven en Estados Unidos sin estatus migratorio regular.
La madrugada del viernes, la mayoría republicana en el Senado aprobó una legislación que destina 70 mil millones de dólares adicionales al Departamento de Seguridad Nacional para tareas relacionadas con la aplicación de las leyes migratorias. La votación concluyó con 52 votos a favor y 47 en contra. Ningún demócrata respaldó la propuesta y un republicano rompió filas para votar en contra.
Los recursos aprobados reforzarían durante los próximos tres años la política de deportaciones impulsada por Trump. Además, se sumarían a cerca de 100 mil millones de dólares que permanecen sin gastar dentro del Departamento de Seguridad Nacional, provenientes de un paquete presupuestario aprobado anteriormente por el Congreso bajo control republicano.
La aprobación llegó después de una intensa discusión legislativa marcada por disputas sobre asuntos ajenos a la migración. Entre ellos figuraron intentos para impedir el uso de recursos federales en la construcción de un salón de baile de 8 mil 361 metros cuadrados en los terrenos de la Casa Blanca y propuestas para bloquear un fondo de mil 800 millones de dólares denominado “contra la instrumentalización”. Ninguna de las enmiendas logró avanzar.
El debate sobre ese fondo continuó incluso después de que el fiscal general en funciones, Todd Blanche, declarara ante el Congreso que el Departamento de Justicia no seguiría adelante con el programa. Aun así, los demócratas cuestionaron la validez de esa garantía. Más tarde, Trump anunció su intención de nominar a Blanche para dirigir formalmente el Departamento de Justicia.
Al mismo tiempo, la administración amplió la presión sobre el sistema financiero. La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), dependiente del Departamento del Tesoro, pidió a los bancos vigilar posibles señales de fraude fiscal, robo de identidad, lavado de dinero y esquemas de pago relacionados con trabajadores no autorizados.
La medida deriva de una orden ejecutiva firmada por Trump en mayo que instruye a reguladores y agencias federales a examinar con mayor detalle posibles indicios de que personas sin estatus migratorio regular abren cuentas bancarias, solicitan préstamos o acceden a tarjetas de crédito.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la administración “no permitirá que los forasteros irregulares abusen de las instituciones financieras para robar miles de millones de dólares a los contribuyentes estadounidenses que trabajan duro”.