El Senado de la República dio un paso decisivo hacia la protección de la libertad sindical en México. Con 101 votos a favor de legisladores de todos los partidos, el pleno aprobó una reforma que prohíbe cualquier tipo de coacción o injerencia por parte de funcionarios públicos en los procesos internos de elección sindical. Aunque la sesión se llevó a cabo con un salón semivacío, la decisión fue unánime y envía una señal clara: los trabajadores tendrán más garantías para elegir libremente a sus representantes sin presiones desde el poder.
La reforma modifica el artículo 69 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y el artículo 64 Quáter de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Con estas adecuaciones, se establece que cualquier servidor público que presione, induzca, condicione o amenace a trabajadores o agremiados durante campañas sindicales será considerado responsable de una falta grave de injerencia sindical.
La nueva disposición busca frenar prácticas comunes en el ámbito laboral público, donde la jerarquía o el control político solían usarse para influir en elecciones internas de sindicatos. A partir de ahora, quedará prohibido que un funcionario use su cargo para promover o frenar candidaturas sindicales, condicione permisos o beneficios laborales a cambio de apoyo electoral, o imponga la asistencia obligatoria a actos de proselitismo.
El uso de recursos públicos también será vigilado con mayor rigor. La ley prohíbe destinar fondos, bienes, servicios o personal institucional para favorecer o perjudicar a cualquier planilla o dirigente sindical. Tampoco se permitirá solicitar aportaciones económicas a subordinados para financiar campañas, una práctica que durante años distorsionó la autonomía sindical en varias dependencias del gobierno.
Las sanciones contempladas serán severas. Los funcionarios que participen en actos de injerencia podrán ser suspendidos, destituidos o inhabilitados por periodos de uno a veinte años. Además, enfrentarán multas económicas, sin perjuicio de las responsabilidades penales que puedan derivarse. Estas medidas buscan funcionar como una advertencia clara para quienes pretendan manipular los procesos internos de los sindicatos.
La iniciativa, impulsada desde el Senado y ahora turnada a la Cámara de Diputados, busca consolidar un entorno laboral más justo, transparente y democrático. Su aprobación representa un avance importante en el respeto a los derechos de organización y representación de los trabajadores del Estado. Con esta reforma, se refuerza la idea de que la vida sindical pertenece a los trabajadores, no a los intereses políticos o jerárquicos dentro del gobierno.
En esencia, el Senado apuesta por una democracia sindical libre de presiones y con reglas claras, donde cada voto cuente y ningún servidor público pueda usar su poder para influir en decisiones que corresponden exclusivamente a los trabajadores.