El gobierno federal elevó el tono frente a Estados Unidos tras la divulgación de una acusación que involucra a Rubén Rocha Moya y a nueve funcionarios, al considerar que se vulneró la confidencialidad que debe regir en procedimientos de esta naturaleza.
Durante la conferencia matutina, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, sostuvo que la difusión de la imputación presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York —así como la solicitud de extradición— rompió un principio esencial del debido proceso. Explicó que la reserva busca proteger la presunción de inocencia y evitar que la exposición anticipada influya en autoridades o afecte la integridad de las pruebas.
“En este caso, dicha confidencialidad se violentó provocando un linchamiento mediático y que los medios de comunicación hayan emitido ya un juicio sobre las 10 personas mencionadas”, declaró.
Alcalde recordó que el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos contempla este criterio y subrayó que, conforme a ese estándar, el gobierno estadounidense debió remitir la solicitud de detención provisional con fines de extradición bajo carácter confidencial.
En paralelo, informó que la Fiscalía General de la República ya envió una opinión a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que se plantee formalmente a Estados Unidos la necesidad de respetar esa reserva procesal. Añadió que hasta ahora no se han recibido elementos probatorios que permitan establecer riesgos como la sustracción de los implicados o la obstrucción de la justicia.
En el plano interno, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Rocha Moya —actualmente con licencia como gobernador de Sinaloa— cuenta con seguridad reforzada. Indicó que esta medida se adoptó tras un análisis de riesgo realizado por el Gabinete de Seguridad.
“Se hace un análisis de riesgo y sobre eso se fortalece, se da o no seguridad y en este momento pues tiene la seguridad dada la condición que estableció el propio gabinete”, explicó.
La mandataria precisó que este tipo de protección puede solicitarla cualquier funcionario —incluidos legisladores o incluso ciudadanos— ante la Guardia Nacional o el propio Gabinete, instancias encargadas de evaluar cada caso.
En medio de los recientes cambios en el gobierno estatal, Sheinbaum instruyó además al Gabinete de Seguridad trasladarse a Sinaloa para reunirse con la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla, con el objetivo de reforzar la coordinación institucional frente al contexto de violencia en la entidad.