La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó por unanimidad el amparo que protegía al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, contra una orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR), lo que permite que las autoridades federales continúen con el proceso penal en su contra por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La decisión se tomó tras aprobar el proyecto presentado por la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien explicó que su propuesta no implica una determinación sobre la culpabilidad del exmandatario estatal, sino que se enfoca en corregir el alcance de la resolución previa emitida por un juez federal. La ministra señaló que el juzgador que concedió el amparo realizó valoraciones que corresponden exclusivamente a la autoridad judicial encargada del proceso penal.
Durante la exposición, Batres precisó que, conforme alcmarco legal, para autorizar una orden de aprehensión es suficiente contar con datos que acrediten la probable comisión de un delito y la posible participación de la persona investigada. “Para librar una orden de aprehensión basta la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad que la persona investigada lo cometió o participó en su comisión”, afirmó.
Aunque varios ministros expresaron desacuerdos con algunos argumentos contenidos en el proyecto, respaldaron los resolutivos que determinaron negar el amparo. La ministra Yasmín Esquivel Mossa advirtió que, de mantenerse el amparo, la Suprema Corte correría el riesgo de sustituir las funciones del juez responsable de evaluar la procedencia de la orden de captura, lo que excedería sus atribuciones como tribunal constitucional.
Por su parte, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz planteó que la sentencia final incorpore los argumentos expresados por otros integrantes del pleno, ante lo cual Batres confirmó que reforzará su proyecto con las observaciones correspondientes. El caso fue atraído por la SCJN en octubre de 2025, luego de que la FGR impugnó el amparo concedido por el Juzgado Octavo de Distrito en Tamaulipas, que había frenado la orden de aprehensión bajo el argumento de que la fiscalía no presentó pruebas suficientes sobre la presunta comisión del delito.
La investigación contra García Cabeza de Vaca se remonta a 2020, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera presentó una denuncia por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita. Posteriormente, en 2021, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada solicitó su desafuero ante la Cámara de Diputados, que aprobó retirar la inmunidad constitucional.
El exgobernador impugnó esa decisión mediante una controversia constitucional. En agosto de 2022, la Primera Sala de la Suprema Corte resolvió a su favor, lo que impidió ejecutar acciones legales en su contra mientras permanecía en el cargo. Tras concluir su mandato como gobernador de Tamaulipas, la FGR retomó el caso y solicitó nuevamente una orden de aprehensión. Aunque un juez federal volvió a otorgarle un amparo, la resolución más reciente de la Suprema Corte elimina esa protección, permitiendo que el proceso penal continúe conforme a las facultades de las autoridades judiciales federales.