El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el proceso judicial contra el exmandatario venezolano Nicolás Maduro podría ampliarse con nuevas acusaciones, al considerar que actualmente solo enfrenta una parte de los delitos que, según su gobierno, habría cometido.
Las declaraciones fueron realizadas durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, mientras Maduro comparecía por segunda ocasión ante un juez federal en Nueva York. Trump señaló que el proceso judicial podría escalar en las próximas etapas. “Imagino que vendrán otros juicios, ya que, en realidad, sólo se le ha procesado por una fracción de los delitos que ha cometido. Se presentarán otros casos”, aseguró.
El mandatario estadounidense también indicó que espera que se formule una acusación adicional relacionada con el presunto envío de personas desde Venezuela hacia Estados Unidos. “Vació sus prisiones en nuestro país, y espero que, en algún momento, se le impute ese cargo, pues se trata de una acusación grave que aún no se ha formulado, pero que debería formularse”, añadió.
Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados el 3 de enero durante una operación militar en Caracas. Ambos enfrentan cargos vinculados con narcoterrorismo, conspiración y posesión de armas. El exmandatario está acusado de cuatro delitos: tres por conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer armamento, además de un cargo por posesión directa de armas.
Trump también sostuvo que Maduro habría sido uno de los principales proveedores de drogas hacia Estados Unidos. “Fue uno de los principales proveedores de drogas que ingresan en nuestra nación. Ahora ha sido capturado y, supongo, se le está garantizando un juicio justo”, declaró. Flores enfrenta cuatro cargos adicionales: dos por conspiración para importar cocaína, uno por conspiración para poseer armas y otro por posesión de armamento.
En su primera comparecencia, Maduro se declaró “no culpable” y se definió como un “prisionero de guerra”. Sus abogados, Barry Pollack y Mark Donnelly, solicitaron recientemente la desestimación del caso, al señalar que el gobierno estadounidense revocó licencias que permitían utilizar fondos venezolanos para financiar su defensa, lo que calificaron como un “error administrativo”.