El presidente Donald Trump destituyó este viernes a Billy Long, director del Servicio Interno de Impuestos (IRS), tras un fuerte desacuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por la entrega de datos fiscales de contribuyentes para apoyar operativos migratorios. La decisión se produce en un momento en que la administración impulsa una campaña de deportaciones a gran escala en Estados Unidos.
De acuerdo con una investigación publicada por The Washington Post, el conflicto estalló después de que el DHS solicitara al IRS información confidencial de 40 mil personas sospechosas de residir en el país de manera ilegal. El objetivo era confirmar direcciones y posibles beneficios fiscales reclamados por migrantes, lo que superaba los límites establecidos en un acuerdo firmado entre ambas agencias en abril.
Inicialmente, el IRS colaboró con la identificación de aproximadamente un 3% de los nombres, principalmente aquellos asociados a números de identificación fiscal ITIN, documentos utilizados por muchos indocumentados para trabajar y pagar impuestos. Estos contribuyentes aportan miles de millones de dólares anuales al erario estadounidense.
El punto de ruptura llegó el jueves, cuando el DHS pidió acceso a declaraciones de impuestos, incluyendo información sobre exenciones fiscales potencialmente no autorizadas por el estatus migratorio de los beneficiarios. Altos funcionarios del IRS expresaron su rechazo por considerar que compartir esos datos vulneraría derechos y expondría información extremadamente sensible, una preocupación también señalada por abogados especializados en privacidad tributaria.
Fuentes consultadas por el diario evitaron confirmar si la destitución de Long estuvo directamente vinculada al incidente. Sin embargo, trascendió que el exdirector sostuvo internamente que el IRS no proporcionaría datos más allá de lo establecido en el convenio vigente con el DHS.
Desde la Casa Blanca, se defendió la medida. “La administración Trump está trabajando para eliminar silos de información y prevenir que ilegales se aprovechen de los beneficios destinados a contribuyentes americanos que trabajan duro”, señaló en un comunicado oficial.
El DHS ha insistido en que una mayor cooperación del IRS podría acelerar los operativos de deportación masiva, con el objetivo de localizar a siete millones de los aproximadamente once millones de migrantes indocumentados que se estima residen en Estados Unidos. Tradicionalmente, el IRS se ha mantenido al margen de los procesos migratorios para evitar que el temor a represalias desincentive el pago de impuestos por parte de esta población.
Con la salida de Long, la relación entre ambas agencias queda en un punto crítico, mientras avanza la estrategia de la Casa Blanca para integrar de forma más directa los recursos fiscales en la política migratoria del país.