La Cámara de Diputados aprobó en lo general la nueva Ley de la Guardia Nacional con 349 votos a favor y 132 en contra. La propuesta contempla el traspaso formal de esta corporación de la Secretaría de Seguridad a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con el respaldo de Morena y sus aliados. La oposición fijó postura crítica, mientras en el pleno se registraron 170 reservas para su análisis en lo particular.
El nuevo marco legal otorga a la Guardia Nacional facultades ampliadas para realizar labores de inteligencia, operaciones encubiertas y vigilancia en entornos digitales. También incluye la posibilidad de intervenir comunicaciones privadas, siempre que exista autorización judicial previa y suficientes indicios que apunten a la organización de delitos.
La ley detalla que la intervención podrá solicitarla la comandancia o la jefatura general de coordinación policial. En ambos casos, debe existir una resolución judicial que respalde las medidas. Las tareas de investigación que contempla la reforma se orientan a la prevención del delito.
Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Justicia, afirmó que la reforma no elimina el carácter civil de la Guardia Nacional. Aseguró que esta institución seguirá ejecutando la estrategia nacional de seguridad pública diseñada por la Secretaría de Seguridad y aprobada por el Senado. “Obedece a una estrategia y mando de carácter civil encabezado por nuestra Presidenta de la República”, señaló.
Sin embargo, los grupos parlamentarios de oposición rechazaron el dictamen. El diputado Guillermo Anaya, del PAN, se refirió a la reforma como una “ley espía” y criticó el enfoque militar. “La seguridad pública no se construye desde los cuarteles militares, sino con policías de proximidad y con rostro humano”, expresó durante su intervención.
Desde el Movimiento Ciudadano, la diputada Laura Ballesteros propuso suspender el debate para regresar el dictamen a comisiones. Su intención era abrir un proceso de discusión más amplio en parlamento abierto. La moción fue rechazada por la mayoría.
Ballesteros advirtió sobre los riesgos de extender las facultades de vigilancia del Estado, incluyendo “operaciones encubiertas, vigilancia masiva en internet, usuarios simulados y labores de inteligencia previa”.También cuestionó la militarización no solo de la seguridad pública, sino de otras áreas de la vida nacional.
El legislador del PT, Ricardo Mejía, respondió a los señalamientos de la oposición, acusando a partidos como el PRI y el PAN de hipocresía en el tema. “Critican a la Guardia Nacional de día y le suplican de noche que les cuiden sus municipios”, afirmó desde la tribuna.
De acuerdo con la nueva legislación, la Guardia Nacional se define como una institución de seguridad pública de carácter permanente. Su personal estará compuesto por elementos con formación policial, aunque con jerarquía militar. El mando recaerá en una persona con el grado de general de división, nombrada directamente por la Presidencia, a propuesta de la Sedena.
Las atribuciones de esta corporación abarcan desde la vigilancia en zonas fronterizas, recintos fiscales y aeropuertos, hasta la intervención coordinada con autoridades locales. También podrá celebrar convenios de colaboración con gobiernos estatales y municipales para desplegar operaciones conjuntas en un periodo determinado.