Una nueva fase en la estrategia de Estados Unidos contra la corrupción en México apunta ahora a los tribunales. De acuerdo con un reporte de Los Angeles Times, autoridades estadounidenses preparan acciones legales formales contra funcionarios mexicanos presuntamente ligados al crimen organizado, dejando atrás la práctica de retirar visas como principal medida.
El reportaje, firmado por el corresponsal Steve Fisher, detalla que esta ofensiva incluiría la presentación de cargos en cortes federales de Estados Unidos. La decisión marcaría un cambio en el enfoque bilateral, al pasar de sanciones administrativas a procesos judiciales.
Fuentes citadas por el diario, vinculadas a la relación entre ambos países, señalan que el punto de arranque de esta política se ubica en un evento reciente en Sinaloa. Ahí, el embajador Ronald Johnson intervino en un acto relacionado con una planta de metanol, pero desvió su discurso hacia el tema de la corrupción.
Durante su intervención, el diplomático subrayó el impacto estructural del problema: “La corrupción no sólo ralentiza el progreso, sino que lo distorsiona. Aumenta los costos, debilita la competencia y erosiona la confianza (…) es un obstáculo directo”. Además, advirtió sobre sus implicaciones económicas al afirmar que “la inversión es como el agua (…) fluye cuando las condiciones son las adecuadas y se seca cuando no lo son”.
El reporte también menciona casos recientes de sanciones migratorias. Entre ellos, la cancelación de visas a legisladores del partido Morena y a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar. A esta lista se sumaría el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien habría perdido su visa desde el año pasado. Según el diario, Rocha Moya figura como un actor político de alto nivel, al que describe como “protegido por sus vínculos” con el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El planteamiento expuesto por el medio estadounidense sugiere que la administración encabezada por Donald Trump estaría activando una estrategia más agresiva en materia anticorrupción, con implicaciones directas para figuras políticas mexicanas bajo sospecha de nexos ilícitos.