A pocas horas del inicio de las festividades por el Día de la Independencia de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador oficializó una de las reformas más controversiales de su gobierno: la reestructuración del poder judicial, que establece la elección de jueces mediante voto popular.
Pese a los recursos legales presentados en semanas recientes que buscaban frenar su implementación debido a irregularidades en el proceso legislativo, y las fuertes críticas de sectores que temen una politización de la justicia, la reforma constitucional fue promulgada la noche del domingo con su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Las advertencias internacionales sobre los riesgos que la medida podría implicar para la democracia mexicana tampoco lograron detener su avance.
«Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie. Queremos un auténtico estado de derecho, que termine la simulación porque en realidad lo que teníamos era una oligarquía disfrazada de democracia», expresó López Obrador en un video donde aparece firmando la reforma, acompañado de su sucesora, Claudia Sheinbaum, quien asumirá el cargo el 1 de octubre. «Ahora sí manda el pueblo», añadió.
Sheinbaum obtuvo el 60% de los votos en las elecciones generales celebradas en junio.
El proceso legislativo que permitió la aprobación de esta reforma concluyó la madrugada del miércoles en el Senado. El oficialismo consiguió el voto decisivo gracias al apoyo inesperado de un senador opositor, en una sesión marcada por el caos, la irrupción de manifestantes, cambios de sede y acusaciones de cooptación de votos.
Posteriormente, la reforma fue ratificada por la mayoría de los 32 estados del país.
López Obrador, quien ha sostenido tensos enfrentamientos con el poder judicial tras la suspensión de varias de sus reformas, sostiene que esta medida permitirá sancionar a jueces corruptos y garantizar la rendición de cuentas. Sin embargo, sus detractores advierten que la reforma compromete la independencia judicial, debilita los contrapesos en el gobierno y genera incertidumbre entre los inversionistas.
Además, temen que el nuevo sistema judicial sea controlado por jueces leales al partido gobernante, que personas sin la experiencia necesaria ocupen estos cargos y que políticos y criminales puedan influir en las decisiones judiciales.
A pesar de su promulgación, el futuro de esta reforma aún es incierto. Algunos especialistas sugieren que podría ser impugnada por contravenir acuerdos internacionales que exigen la imparcialidad en la justicia mexicana.
Esta reforma judicial es la primera de varias que el presidente ha proyectado, las cuales incluyen la eliminación de organismos autónomos que actúan como contrapeso al ejecutivo y la transferencia de la Guardia Nacional, creada bajo mando civil, al control del Ejército.