El Instituto Nacional Electoral (INE) se encuentra ante el reto de organizar la primera elección de jueces y magistrados en México, un proceso sin precedentes a nivel mundial, y que deberá realizarse en menos de nueve meses, en junio del próximo año. Sin embargo, la falta de legislación secundaria y la incertidumbre sobre aspectos como el presupuesto y el diseño de las boletas complican el panorama.
La reforma que establece la elección de jueces y magistrados ya fue aprobada por el Congreso de la Unión y los estados, lo que obliga al INE a iniciar la fase de preparación en su próxima sesión del Consejo General.
Marco Baños, exconsejero del INE, alertó sobre la urgencia de acelerar los preparativos. Señaló que el Instituto debe realizar varias tareas de forma simultánea, como la planeación del presupuesto, la elaboración de materiales y la implementación de programas informativos.
Uno de los mayores retos es la incertidumbre sobre qué circuitos judiciales participarán en esta primera elección, ya que el proceso será escalonado. En cuanto a los costos, Baños estimó que el INE destinará más de 4 mil millones de pesos para la instalación de casillas y el pago del personal, una cifra similar a la de elecciones anteriores.
Arturo Espinosa, director de Laboratorio Electoral, destacó que, aunque en otros países existen elecciones de jueces, ninguna ha tenido una magnitud similar. También señaló que uno de los principales desafíos será la falta de reglas claras, ya que aún no se ha aprobado la legislación secundaria necesaria.
Otro aspecto clave será la educación cívica para explicar a la ciudadanía las funciones de los jueces y el proceso electoral. Espinosa advirtió que, si ya existe confusión sobre el papel de legisladores y regidores, será aún más complicado para la ciudadanía comprender el rol de los jueces.
El Senado de la República será el encargado de emitir la convocatoria para las candidaturas, y el INE tendrá hasta febrero para recibir la lista final de candidatos. Además, el INE será responsable de realizar los cómputos, publicar los resultados y entregar las constancias de mayoría.
Uno de los puntos más relevantes de la reforma es que los candidatos no tendrán acceso a financiamiento público ni privado, y no podrán contratar tiempos en radio, televisión o cualquier otro medio. Asimismo, los partidos políticos no podrán hacer proselitismo a favor o en contra de ninguna candidatura.