Las secuelas del devastador temporal que azotó la costa este de España, especialmente en la provincia de Valencia, aún se sienten con fuerza entre sus habitantes. Este viernes, 252,000 personas permanecen incomunicadas sin línea telefónica, y otras 15,000 aún no tienen electricidad. La magnitud de esta catástrofe natural ha dejado en estado de emergencia a toda la región del levante español, mientras los esfuerzos de reconstrucción avanzan con suma cautela.
El impacto en las comunicaciones y el transporte ha sido significativo. Aunque algunas carreteras están comenzando a despejarse, el tránsito sigue siendo limitado y peligroso en varias zonas. Las autoridades han señalado que, a partir de mañana, sábado, se abrirán algunas líneas de tren para viajes imprescindibles. Sin embargo, la conexión ferroviaria de alta velocidad entre Valencia y Madrid tardará alrededor de quince días en restablecerse, ya que se requiere la reconstrucción de uno de los dos túneles afectados. Así lo indicó Óscar Puente, ministro español de Transportes, quien describió la situación como “tremendamente grave”.
La catástrofe ha dejado hasta el momento un saldo de más de 200 fallecidos y sigue causando estragos en la infraestructura de la región. El Gobierno español aprobó una asignación de 13 millones de euros para iniciar con urgencia la reparación de la carretera A7, una arteria vital que recorre la costa levantina. “Ayer comenzaron las obras, no podemos ir más rápido”, declaró Puente, refiriéndose a los 80 kilómetros de la red de carreteras estatales que se encuentran inutilizables.
El suministro eléctrico, interrumpido en gran parte de Valencia y áreas circundantes, comienza a recuperarse, aunque de manera gradual. La compañía Iberdrola ha informado que el 90 % de los hogares ya cuentan nuevamente con luz. Sin embargo, persisten las dificultades para el 10 % restante, quienes aún enfrentan la oscuridad mientras los trabajos de restablecimiento avanzan en condiciones sumamente adversas.
La respuesta del sector privado y de las autoridades ha sido igualmente crucial en estos momentos. La empresa Repsol, en un esfuerzo conjunto con el gobierno, ha desplegado ambulancias, bombas de extracción de agua, generadores y equipos de rescate para apoyar a los cuerpos de seguridad y emergencia. En sus estaciones de servicio, Repsol ha comenzado a suministrar combustible gratuito para estos equipos de rescate y para la empresa pública Tragsa, encargada de la reparación de infraestructuras críticas en las zonas más afectadas.
En paralelo, el Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, ha facilitado que las empresas afectadas por el temporal accedan a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor. Este mecanismo permite a los empleadores suspender temporalmente contratos de trabajo o reducir jornadas sin afectar los derechos de los empleados a percibir prestaciones por desempleo.
Los esfuerzos de solidaridad no se han hecho esperar. Los transportistas de la región se han organizado de manera voluntaria para llevar productos de primera necesidad a las áreas más afectadas y para ayudar en la retirada de vehículos atrapados en las inundaciones. La escena refleja una España unida frente a una catástrofe que, según el Centro de Emergencias del Gobierno regional de Valencia, es una de las peores desastres naturales de su historia.
Con unas inundaciones que aún persisten y muchas personas desaparecidas, el temporal ha dejado cicatrices profundas en las comunidades españolas. Los residentes del levante español, golpeados por una de las catástrofes naturales más devastadoras en décadas, enfrentan días y semanas de desafíos, mientras el país entero se solidariza en su esfuerzo por reconstruir y sanar lo que la naturaleza les arrebató.