Un giro inesperado sacude el acceso a datos sensibles en Estados Unidos. La jueza federal Ellen Lipton Hollander ha decidido poner un alto a Elon Musk y al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), organismo bajo su dirección, al prohibirles temporalmente el acceso a información personal en los sistemas de la administración de la Seguridad Social.
El fallo, emitido este jueves por el Tribunal de Distrito de Maryland, ordena a los empleados del DOGE eliminar cualquier información personal identificable en su poder, salvo aquella que haya sido previamente anonimizada. Además, se les impide instalar o mantener software en los dispositivos de la Seguridad Social, exigiendo la eliminación inmediata de cualquier herramienta tecnológica instalada desde la toma de posesión de la segunda administración de Donald Trump el pasado 20 de enero.
El trasfondo de esta orden judicial radica en la concesión de acceso sin restricciones a los registros de millones de estadounidenses a un grupo de diez personas afiliadas al DOGE. Estos archivos contienen información crítica como números de Seguridad Social, historiales médicos y de salud mental, registros fiscales, datos bancarios, domicilios, antecedentes laborales, permisos de conducir, así como documentos de inmigración y naturalización.
Las organizaciones demandantes, entre ellas la Federación Estadounidense de Profesores (AFT), la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, de Condados y Municipales (AFL-CIO) y la Alianza para Jubilados Estadounidenses (ARA), argumentan que el acceso fue otorgado a personal sin la formación adecuada para manejar datos de tal sensibilidad.
La jueza Lipton Hollander reconoció la importancia de combatir el fraude y el mal uso de recursos en las agencias federales, pero cuestionó los métodos utilizados. En su dictamen, describió la acción del DOGE como «una expedición de pesca» dentro de la Seguridad Social, basada en meras sospechas y sin pruebas concretas de irregularidades. La magistrada concluyó que los demandantes tienen altas probabilidades de éxito en su argumento de que la medida es «arbitraria y caprichosa», por lo que dictó una orden de restricción temporal.
Este fallo impone un freno significativo a las iniciativas del DOGE y su líder, Elon Musk, en su intento por auditar el sistema de Seguridad Social. El debate sobre los límites del acceso gubernamental a información privada está más vigente que nunca.