A seis meses de la desaparición de la defensora de derechos humanos Sandra Domínguez y su esposo Alexander Fernández, la exigencia por su localización toma fuerza con el respaldo de Amnistía Internacional (AI), que ha solicitado públicamente intensificar su búsqueda. El llamado fue dirigido a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, y sumó una petición directa al gobernador Salomón Jara Cruz para que se agilicen las investigaciones.
La activista fue vista por última vez el 4 de octubre de 2024 en su hogar, ubicado en María Lombardo de Caso, dentro del municipio de Juan Cotzocón. Desde entonces, el rastro de Sandra y su pareja se ha desvanecido, a pesar de que, según informes oficiales, su vehículo fue hallado en el estado de Veracruz.
En su comunicado, Amnistía Internacional recuerda que Sandra Domínguez denunció en 2020 la difusión de contenido sexual no autorizado de mujeres indígenas, señalando prácticas sistemáticas de vulneración a la intimidad y los derechos de este sector. Su labor como abogada y defensora la colocó en el centro de la lucha contra la violencia hacia las mujeres en Oaxaca, convirtiéndose en una figura clave en la defensa de los pueblos originarios.
La organización internacional lanzó una convocatoria a suscribir una carta dirigida al mandatario estatal, con el objetivo de ejercer presión para que se garantice una búsqueda diligente y eficaz. La exigencia también incluye el cumplimiento del derecho de sus familiares a conocer la verdad y obtener justicia.
El caso ha tenido avances limitados. La desaparición fue reportada oficialmente el 8 de octubre de 2024. Hasta la fecha, solo una persona ha sido detenida. Se trata de Cruz Esmeralda “N”, capturada el 3 de febrero de 2025 durante un operativo en Choápam, y vinculada a proceso con prisión preventiva. Sin embargo, la información proporcionada por esta única detenida no ha arrojado pistas suficientes para dar con el paradero de la activista.
Sandra también fue víctima de violencia digital. En 2023, imágenes íntimas suyas fueron compartidas sin consentimiento a través de un grupo de WhatsApp. En ese entonces, la abogada denunció públicamente a Donato Vargas Jiménez, coordinador de delegados de Paz Social, por su implicación en la difusión de dicho contenido.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca ofrece una recompensa de hasta 500 mil pesos a quien proporcione información confiable que permita dar con el paradero de Sandra Domínguez. Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas mantienen encendidas las alertas y la esperanza de encontrarla con vida. En Oaxaca, la memoria y la resistencia caminan de la mano. La desaparición de Sandra no se borra. Su voz, convertida en eco, sigue exigiendo justicia.