En un fallo que marca un precedente en la política comercial de Estados Unidos, la Corte Internacional de Comercio, con sede en Nueva York, invalidó de manera unánime los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump contra México y Canadá, argumentando supuestos vínculos con el tráfico de fentanilo y la migración. El dictamen representa una victoria jurídica que impacta directamente el legado de las medidas económicas más polémicas de la administración republicana.
La decisión, emitida por un panel de tres jueces federales, concluyó que las órdenes ejecutivas de Trump violaban los límites de autoridad establecidos por la Ley de Poderes Económicos en Caso de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. “Las Órdenes Arancelarias Mundiales y de Represalia exceden cualquier autoridad otorgada al presidente por la IEEPA para regular las importaciones mediante aranceles”, establece el documento judicial de 49 páginas.
México y Canadá son mencionados repetidamente en el fallo, debido a que fueron blanco directo de los aranceles con el argumento de que no hacían lo suficiente para detener el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos ni para contener la migración hacia la frontera sur. La administración Trump impuso aranceles del 10% a bienes provenientes de ambos países, incluyendo automóviles y otros productos estratégicos, bajo la premisa de una “emergencia internacional”.
El fallo también invalida los llamados “aranceles recíprocos” anunciados durante el llamado Día de la Liberación, el 2 de abril, dirigidos al resto de los socios comerciales de Estados Unidos bajo la misma lógica de presión económica por cuestiones de seguridad.
La Corte señaló que las medidas carecen de fundamento legal porque no enfrentan directamente las amenazas descritas en las órdenes ejecutivas. “Los aranceles de tráfico fracasan porque no abordan las amenazas establecidas en dichas órdenes”, precisaron los jueces al otorgar un juicio sumario a favor de los demandantes y en contra del gobierno de Estados Unidos.
Aunque la sentencia no es definitiva, la Casa Blanca aún puede apelar ante un tribunal superior e incluso escalar el caso a la Corte Suprema. Sin embargo, el impacto inmediato del fallo abre la puerta a nuevas interpretaciones sobre el uso del poder presidencial para aplicar sanciones comerciales bajo argumentos de emergencia.
La resolución se convierte en un hito legal dentro de la guerra comercial iniciada durante la administración Trump, y redibuja las reglas del juego entre Estados Unidos, México y Canadá en materia de comercio, migración y seguridad fronteriza.