La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) anunció la adjudicación de un nuevo contrato para ampliar el muro fronterizo en el condado de Santa Cruz, Arizona. La empresa Fisher Sand & Gravel Co. será la responsable de construir un tramo de 43 kilómetros, equivalente a 27 millas, en la frontera entre Estados Unidos y México.
El contrato asciende a 309 millones 463 mil dólares, y es el segundo que la administración del presidente Donald Trump otorga a esta empresa para este tipo de obra. Los fondos utilizados provienen del presupuesto correspondiente al año fiscal 2021, y serán destinados a completar segmentos del muro que quedaron inconclusos luego de la cancelación de contratos durante el mandato del ahora expresidente Joe Biden.
Según el comunicado oficial de CBP, la finalización de estos tramos busca fortalecer las capacidades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para frenar los cruces ilegales y enfrentar las operaciones de tráfico de drogas y personas atribuibles a organizaciones criminales transnacionales.
El gobierno estadounidense también informó que la construcción en el sector Tucson será posible gracias a una exención firmada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que libera al proyecto de cumplir con leyes ambientales. Entre las regulaciones excluidas se encuentra la Ley Nacional de Política Ambiental, lo que facilita avanzar sin los estudios de impacto requeridos habitualmente en obras federales.
La zona donde se implementará la nueva infraestructura ha sido identificada por las autoridades como un punto vulnerable para el cruce irregular y las actividades delictivas. Con la conclusión de estos 43 kilómetros, se espera cubrir las áreas donde anteriormente se detuvieron los trabajos por decisiones administrativas del gobierno federal anterior.
Fisher Sand & Gravel Co., la empresa beneficiada con el contrato, ya había recibido asignaciones similares en el pasado bajo la administración Trump, caracterizada por dar prioridad a la construcción del muro fronterizo como parte central de su política migratoria.
El anuncio forma parte de una serie de acciones que reflejan un posible regreso de políticas migratorias más restrictivas, en momentos en que diversas autoridades estatales del sur de Estados Unidos exigen mayor control sobre la frontera.
La adjudicación de este nuevo contrato ocurre en un contexto electoral en el que las políticas de seguridad fronteriza se han convertido nuevamente en un tema clave en la agenda política estadounidense. La reactivación de obras previamente canceladas podría representar un giro en la estrategia migratoria, con implicaciones tanto para las relaciones bilaterales como para las comunidades a ambos lados de la frontera.