Dos decisiones emitidas por tribunales federales redefinieron la situación legal de empresas vinculadas a Ricardo Salinas Pliego, al permitir la reactivación de una firma de apuestas en línea y, en paralelo, declarar en concurso mercantil a una compañía del sector petrolero.
El 18 de marzo, el Juzgado Segundo de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México otorgó un amparo a Ganador Azteca, empresa operadora de plataformas como Bet365 y Betano. La resolución dejó sin efecto la suspensión de actividades que había sido impuesta el 11 de noviembre de 2025 por la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, en el contexto de una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera por presunto lavado de dinero.
El juez German Cruz Silva determinó que la autoridad no respetó el procedimiento administrativo correspondiente, al vulnerar derechos fundamentales. “Se concluye que la autoridad responsable transgrede en perjuicio de la persona quejosa los derechos fundamentales de audiencia y debido proceso”, establece el fallo, que además ordena permitir la reanudación de operaciones de la compañía.
En otro frente, el 12 de marzo la jueza Ruth Huerta, titular del juzgado segundo de Concursos Mercantiles, resolvió declarar en concurso mercantil a Typhoon Offshore, empresa de servicios petroleros del mismo grupo empresarial. La decisión se basó en la acreditación de insolvencia, luego de que la firma solicitara este procedimiento el 12 de diciembre. El proceso implica la designación de un conciliador encargado de conducir una reestructura financiera que puede extenderse hasta por un año. De no alcanzarse acuerdos con acreedores, la empresa enfrentaría la posibilidad de quiebra.
La situación financiera de Typhoon Offshore se relaciona con un contrato firmado en mayo de 2019 con Pemex para intervenciones en pozos marinos. Este acuerdo fue modificado en diez ocasiones, elevando sus montos hasta 4 mil 645 millones de pesos y mil 890 millones de dólares en 2023. Sin embargo, la empresa reportó la falta de pagos durante 16 meses, acumulando una deuda de 960 millones de dólares, lo que derivó en el cese de operaciones el 23 de octubre.
Aunque el 30 de diciembre se emitió una medida precautoria que impedía a Pemex rescindir o suspender el contrato, los pagos no han sido reanudados. Ante una solicitud para obligar a la petrolera a cubrir los adeudos, la jueza aclaró: “Lo solicitado excede el alcance de la medida precautoria decretada… lo cual no constituye materia propia de una providencia precautoria”. El caso incluye además embargos a cuentas bancarias de la empresa en BBVA, ordenados por un juez local en Ciudad del Carmen, Campeche, tras demandas de diversas proveedoras.
Estas resoluciones se suman a otros procesos dentro del conglomerado, como la solicitud de concurso mercantil de TV Azteca, aún no admitida, y acuerdos para el pago de adeudos fiscales por 32 mil millones de pesos ante el SAT. En este contexto, Elektra concluyó sus obligaciones fiscales, mientras el grupo enfrenta un periodo de ajustes legales y financieros simultáneos.