Horas antes de que la Selección Mexicana disputara su encuentro en el Mundial de futbol, se confirmó uno de los movimientos más relevantes dentro del caso Cassez-Vallarta. Israel Vallarta Cisneros recibió la confirmación de una sentencia absolutoria, noticia que fue difundida por su esposa, Mary Sainz, a través de su cuenta de X alrededor de las 14:20 horas del jueves 18 de junio.
El anuncio volvió a colocar bajo los reflectores un expediente que durante años ha estado rodeado de controversias. En ese contexto, Samuel González Ruiz, ex titular de la Unidad Especializada en Combate al Crimen Organizado de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), aseguró que detrás del caso existió una operación política que terminó afectando a las víctimas de secuestro relacionadas con la investigación.
Durante una entrevista con el medio MVS, el especialista en seguridad sostuvo que más de seis víctimas quedaron sin acceso a la verdad y la justicia. Según su versión, el caso estuvo marcado por una trama de corrupción que trascendió el ámbito nacional.
González Ruiz afirmó que el entonces presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, respaldó el caso mediante recursos que habrían sido canalizados a través de la embajada francesa en México. De acuerdo con sus declaraciones, esos fondos provenían del líder libio Muamar Gadafi. “El dinero de Gadafi fue utilizado para apoyar el caso Cassez-Vallarta”, afirmó durante la entrevista radiofónica.
El exfuncionario también señaló que la finalidad de esa operación era impulsar narrativas favorables que ayudaran a los intereses políticos de Sarkozy. A su juicio, una de las acusaciones más delicadas es la presunta utilización de mecanismos de lavado de dinero y la intervención extranjera para influir en la opinión pública. Asimismo, aseguró que la justicia francesa acreditó esos vínculos y que el exmandatario francés fue condenado a seis años de prisión por esos hechos.
Para González Ruiz, las consecuencias alcanzaron directamente a quienes denunciaron los secuestros. Según expuso, errores cometidos por autoridades mexicanas provocaron que las responsabilidades quedaran dispersas entre instituciones de seguridad y la diplomacia, situación que terminó dejando a las víctimas sin respaldo efectivo de los tribunales.
Las declaraciones surgieron mientras el caso volvía a captar atención pública tras la resolución judicial favorable a Vallarta, señalado durante años de presuntamente formar parte de la banda de secuestradores conocida como Los Zodiacos.