Las acusaciones de autoridades estadounidenses contra políticos mexicanos señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado escalaron este lunes a un nuevo episodio diplomático, luego de que el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, respondiera con un llamado a evitar que la lucha contra los cárteles se convierta en un tema de confrontación política.
El pronunciamiento ocurrió un día después de que la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionara públicamente lo que calificó como actos de injerencia por parte de Estados Unidos, en referencia a los señalamientos realizados contra funcionarios mexicanos.
Durante la conmemoración del segundo aniversario de su triunfo electoral, celebrada en el Monumento de la Revolución, la mandataria sostuvo que existe una diferencia entre cooperación y presión externa sobre las instituciones nacionales.
“Cuando desde el exterior se dicta quién es culpable y quién no, cuando se busca presionar a nuestras instituciones desde fuera, ya no estamos hablando de cooperación, estamos hablando de injerencia”, afirmó.
Horas después, sin mencionar directamente a Sheinbaum, el embajador estadounidense difundió un mensaje en X en el que pidió mantener la atención en el combate al crimen organizado y no trasladar la discusión al terreno político. “La lucha contra los cárteles debe unirnos, no dividirnos. Las personas en ambos lados de nuestra frontera desean vivir con seguridad y en paz”, escribió Johnson.
El diplomático insistió en que el desafío representa un problema compartido para ambos países y advirtió que convertirlo en una disputa política afecta las posibilidades de coordinación bilateral. “Cada momento que dedicamos a convertir este desafío compartido de seguridad en una discusión política, es una oportunidad perdida para fortalecer nuestra cooperación”, señaló.
El intercambio de posicionamientos ocurre semanas después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hiciera públicas acusaciones contra diversos funcionarios por presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos, perteneciente al Cártel de Sinaloa.
Entre los señalados aparecen el gobernador Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez. Los tres ocupaban sus cargos cuando se conocieron las acusaciones y posteriormente solicitaron licencia.
En medio de ese contexto, los mensajes emitidos desde ambos lados de la frontera colocaron nuevamente en el centro de la discusión la cooperación bilateral en materia de seguridad y las investigaciones relacionadas con el crimen organizado.