Las comparecencias de aspirantes al Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en el Senado de la República dejaron al descubierto una exigencia común: las autoridades mexicanas han fallado en atender de forma integral la crisis de desapariciones en el país y deben rendir cuentas por ello.
Durante la jornada, familiares de personas desaparecidas, activistas y fundadores de colectivos compartieron sus testimonios y propuestas para integrarse como consejeros honoríficos del órgano ciudadano. Todos coincidieron en la necesidad de fortalecer la transparencia institucional, construir puentes con los colectivos y garantizar un enfoque centrado en las víctimas y sus familias.
Uno de los aspirantes, Javier Espinosa Granados, cuyo hermano Francisco Javier fue desaparecido junto con otras nueve personas en 2004 en Aguascalientes, subrayó que las autoridades han sido omisas durante décadas. “Estos órganos de apoyo, no nada más en lo nacional sino también en lo local, son un método de transparencia y rendición de cuentas. Todas las fiscalías y quienes integran el sistema nacional de búsqueda deben trabajar conjuntamente con los consejos”, afirmó.
Por su parte, Araceli Magdalena Rodríguez Nava, madre del policía federal Luis Ángel León Rodríguez, desaparecido en 2009 en Zitácuaro, Michoacán, propuso crear nuevos procesos de colaboración entre autoridades y familiares. “Reconstruir los caminos ya no se puede, hay que construirlos de nuevo, desde la conciencia social, desde las escuelas, y trabajar en la prevención”, señaló.
Las y los aspirantes resaltaron también la urgencia de fortalecer la atención psicosocial y jurídica a las familias de personas desaparecidas. María Isabel Cruz Bernal, fundadora del colectivo Sabuesos Guerreras en Sinaloa, planteó la creación de un canal formal y permanente para que los colectivos puedan entregar hallazgos, denuncias y propuestas directamente al Consejo y a la Comisión Nacional de Búsqueda.
José Andrés Méndez Ñeco, integrante del colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, puntualizó: “Nosotros, las familias, somos la fuente de información que las autoridades necesitan para saber qué hacer y qué no hacer en las diligencias”.
Al cierre de la jornada de entrevistas, las presidentas de las comisiones de Gobernación y Derechos Humanos del Senado reconocieron la necesidad urgente de fortalecer fiscalías con personal capacitado y recursos suficientes. Las senadoras también coincidieron en que, tras la renuncia de Teresa Reyes como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, es indispensable designar un perfil sensible, empático y con capacidad técnica para asumir el cargo.
La senadora Reyna Celeste Ascencio fue enfática en su exigencia: “Limpiar la corrupción en las fiscalías y generar resultados reales. Que comprendan que las personas no somos estadísticas”. En tanto, la senadora Lilia Margarita Valdez subrayó que más allá del conocimiento técnico, se necesita una persona comprometida, con voluntad y sensibilidad para responder a esta crisis humanitaria.
Las comparecencias concluyeron con el llamado unánime de quienes aspiran a integrar el Consejo Nacional Ciudadano: dar voz a las familias, garantizar mecanismos efectivos de participación y asegurar que nunca más las desapariciones sean enfrentadas en soledad.