Después de más de una década de litigio, cuatro integrantes del cártel de “Los Zetas” recibieron sentencia por delitos vinculados a delincuencia organizada. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que los procesados enfrentarán 58 años, 8 meses y 7 días de prisión, además de una multa superior a los 363 mil pesos por persona.
Los nombres señalados en el fallo judicial corresponden a Marcos Gallardo Ramírez, José Gustavo Rivas Aguilera, Juan Carlos Alarcón Aparicio y Yahaira Jaqueline Guerrero Villasana, quienes fueron detenidos por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en septiembre de 2012. Su captura se dio en el marco de operativos coordinados en el estado de Tamaulipas.
La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), junto con la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), logró consolidar el expediente con pruebas clave que fueron presentadas ante el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en Matamoros, donde finalmente se dictó la resolución.
Las imputaciones abarcan un amplio espectro de delitos de alto impacto: delincuencia organizada en su modalidad de delitos contra la salud, secuestro, portación de armas de fuego y posesión de cartuchos reservados exclusivamente para el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
Durante el proceso, el Ministerio Público de la Federación (MPF) reunió elementos que fortalecieron las acusaciones y permitieron establecer la participación directa de los sentenciados en actividades criminales asociadas al grupo delictivo.
El comunicado oficial detalló también la ubicación actual de cada uno de los condenados. Marcos Gallardo Ramírez y José Gustavo Rivas Aguilera purgan su condena en el Centro Federal de Readaptación Social número 14 “CPS Durango”. Juan Carlos Alarcón Aparicio permanece recluido en el “CPS Sonora”, mientras que Yahaira Jaqueline Guerrero Villasana cumple su sentencia en el penal femenil “CPS Morelos”.
La resolución representa un fallo significativo contra una célula de uno de los cárteles más violentos del país, cuyo historial criminal incluye múltiples delitos de alto riesgo para la seguridad pública. La duración del proceso y la magnitud de la sentencia evidencian los retos judiciales en materia de crimen organizado, pero también el seguimiento puntual de casos emblemáticos.
Sin incluir mayores detalles sobre las operaciones que llevaron a su captura, la FGR enfatizó que el resultado es producto del trabajo conjunto entre fuerzas federales, ministerios públicos y autoridades judiciales. La sentencia marca un cierre legal para un caso que se mantuvo activo durante más de 13 años.