El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) resolvió que todos los jueces y magistrados federales deben reanudar sus labores y atender no solo los casos urgentes, sino todos los asuntos pendientes. El pleno del CJF estableció que las acciones de protesta, como el paro y la obstrucción de accesos a juzgados y tribunales, no tienen sustento en el derecho burocrático.
Mediante la circular 22/2024, se informó que, para evitar cualquier tipo de responsabilidad en contra de los trabajadores por este tipo de manifestaciones, se ordena la reanudación total de actividades en todos los tribunales y juzgados del país, respetando los horarios legales y las condiciones laborales vigentes hasta ahora.
Este anuncio se dio a conocer luego de que los trabajadores no cumplieran con lo acordado en la votación del 11 de octubre, organizada por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito.
La decisión fue tomada por unanimidad de los integrantes del CJF, quienes asistieron a la sesión: la ministra Norma Lucía Piña Hernández, Eva Verónica de Gyvés Zárate, Sergio Javier Molina Martínez, Bernardo Bátiz Vázquez, Celia Maya García y José Alfonso Montalvo Martínez. La consejera Lilia Mónica López Benítez no estuvo presente. El pleno enfatizó que los impartidores de justicia, conforme a la ley, deben cumplir con las disposiciones administrativas, incluyendo el control de asistencia, para asegurar el correcto funcionamiento del servicio público de justicia.
Durante la sesión, que se extendió por más de tres horas, también se abordaron otros temas relacionados con la operatividad de la Judicatura. Uno de ellos fue la posible cancelación del artículo 51 bis del acuerdo general del CJF, el cual faculta a los titulares de órganos jurisdiccionales a remover a trabajadores de base. Sin embargo, la decisión sobre este punto específico se tomará en la sesión de la próxima semana.
Aunque el CJF reconoce que en el marco del derecho burocrático los empleados tienen el derecho a paralizar labores, se determinó que en esta ocasión no se cumplió con los procedimientos legales establecidos en las leyes burocráticas aplicables.