En una presentación ante los estados miembros de la ONU, representantes del colectivo EPUMX, compuesto por más de 300 organizaciones defensoras de derechos humanos en México, denunciaron una serie de violaciones graves en el país.
La exposición tuvo lugar durante la pre-sesión del Examen Periódico Universal (EPU), donde el colectivo abordó temas como el cierre del espacio cívico, la crisis de derechos humanos, la militarización, la violencia generalizada, la impunidad, la pobreza estructural, el espionaje, las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, entre otros.
En la sede de la ONU en Ginebra, la embajadora de México, Francisca Méndez, fue testigo de la presentación del colectivo EPUMX, que entregó un informe general y 17 informes detallados sobre los problemas más apremiantes de derechos humanos.
Estos informes se someterán a análisis previo a la sesión del EPU programada para el 24 de enero de 2024 en el Consejo de Derechos Humanos.
Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, destacó la paradoja de que, aunque el Estado mexicano reconoce públicamente sus desafíos en derechos humanos, no toma medidas efectivas para resolverlos.
Subrayó la falta de recursos y personal especializado en instituciones mexicanas, calificando al Estado como indolente frente a las violaciones a los derechos humanos.
En específico, se abordó el cierre del espacio cívico en México, destacando estrategias de estigmatización, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de defensores y periodistas.
El colectivo instó a los estados a hacer recomendaciones puntuales que permitan al Estado mexicano rendir cuentas tanto a la comunidad internacional como a la población en el país.
Se abordaron también problemas relacionados con los pueblos indígenas, la situación de pobreza extrema, y la falta de acceso a derechos básicos.
Además, se resaltó el aumento de defensores indígenas asesinados, solicitando medidas urgentes de protección.
Ana Gaitán Uribe, representante de la Red en Defensa de los Derechos Digitales R3D, enfocó sus intervenciones en el espionaje y solicitó reformas legales para salvaguardar la privacidad frente a prácticas ilegales de vigilancia, así como una moratoria en la venta y uso de tecnologías de espionaje hasta contar con un marco legal adecuado.