La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) manifestó su rechazo ante la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de impedir que México continúe con una demanda legal contra dos empresas fabricantes de armas. El fallo, emitido el 5 de junio, representa un nuevo revés en el intento por responsabilizar a actores clave en el flujo ilícito de armamento hacia territorio mexicano.
Mediante un comunicado oficial, la SRE declaró que México mantendrá su compromiso para combatir el tráfico de armas, utilizando todos los recursos legales y diplomáticos disponibles. La dependencia reafirmó su postura al señalar que el país “seguirá en su lucha contra el tráfico de armas y la responsabilidad de las empresas que fabrican y permiten que el flujo de armas siga alimentando la violencia”.
El pronunciamiento llega después de que la Corte Suprema estadounidense diera validez a la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), la cual otorga inmunidad a los fabricantes, impidiendo que enfrenten demandas por el uso criminal de sus productos. Según esta ley, no se puede responsabilizar legalmente a las empresas a menos que se compruebe que participan directamente en actividades ilícitas. El argumento de México no logró demostrar que las compañías «ayudan y facilitan» el trasiego de armas, por lo que la demanda fue descartada.
Esta resolución contradice una decisión previa de la Corte de Apelaciones en 2024, que había autorizado el avance del caso tras considerar que las acciones de las empresas podrían quedar fuera de las protecciones otorgadas por la PLCAA.
En su demanda original, México sostenía que las empresas estadounidenses habían estructurado su sistema de distribución para incluir a comerciantes que, a sabiendas, realizaban ventas a intermediarios o compradores “de paja”, quienes luego traficaban las armas hacia grupos criminales en México. De acuerdo con el gobierno mexicano, esta cadena de distribución habría contribuido a la violencia que afecta la seguridad y la vida de millones de personas.
Pese a este revés, la SRE enfatizó que la decisión de la Corte Suprema no afecta otros procesos legales que el gobierno de México mantiene en curso. Entre ellos, destaca una demanda presentada en Tucson, Arizona, contra cinco tiendas de armas por prácticas similares.
Con este posicionamiento, México deja claro que continuará buscando alternativas jurídicas para frenar el flujo ilegal de armamento y promover la responsabilidad de los actores involucrados en su comercialización. La postura diplomática se sostiene firme, en una estrategia que prioriza la seguridad regional y la cooperación internacional para enfrentar un fenómeno que trasciende fronteras.
Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, se sumó a las reacciones tras el fallo. A través de la red social X, el diplomático destacó el trabajo bilateral que se ha realizado en esta materia, especialmente durante la administración de Donald Trump. “Bajo el liderazgo de Donald Trump trabajamos con la presidenta Claudia Sheinbaum y su equipo para frenar el tráfico de armas hacia el sur”,escribió Johnson. Además, subrayó la importancia de los esfuerzos conjuntos para “desmantelar las redes que alimentan la violencia”.
“Juntos hacemos a nuestros países más fuertes y seguros”, concluyó el mensaje del representante estadounidense. Las palabras del embajador coinciden con un momento de renovado enfoque entre ambas naciones sobre temas de seguridad y cooperación transfronteriza.