La Comisión Permanente del Congreso se convirtió en el escenario de un debate apasionado sobre la reforma judicial. La propuesta de Morena, que busca que jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular, ha generado una fuerte división entre los legisladores. Mientras que Morena y sus aliados defienden la necesidad de democratizar el Poder Judicial, la oposición advierte que los alcances de la reforma son insuficientes y podrían poner en riesgo la independencia judicial.
El senador de Morena, Navor Rojas, fue uno de los principales defensores de la propuesta. En su intervención, Rojas subrayó que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han reconocido la necesidad de una reforma judicial, especialmente en lo que respecta a la elección de cargos judiciales. «Uno de los temas más preocupantes que ocurren al interior del Poder Judicial es el nepotismo», afirmó con vehemencia. «Por qué siguen planteando no tocar desde la oposición estos temas tan fundamentales. Esto es deleznable», añadió, asegurando que los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial serán respetados.
Por otro lado, la oposición no se quedó callada. La senadora priista Beatriz Paredes expresó su profunda preocupación por la situación interna de la SCJN, especialmente en el contexto de los foros de discusión sobre la reforma judicial. «Me ha resultado muy sorprendente que en el marco del esfuerzo de los foros de consulta, se esté dando en paralelo una lucha sorda por el poder al interior de la Suprema Corte de Justicia», dijo Paredes. «Me ha resultado fuera de la anécdota y más que como parte de la normalidad política, si como una expresión de un oportunismo político extraordinario, la pretensión de algunos ministros de relevar a la presidenta (Norma Piña)», agregó, señalando que estas luchas internas socavan la credibilidad de la institución.
El diputado del PAN, Juan Carlos Maturino, también manifestó su desacuerdo con la forma en que Morena pretende implementar la reforma. Aunque reconoció la necesidad de cambios en el Poder Judicial, cuestionó la ruta elegida por el partido gobernante. «Nunca hemos estado en desacuerdo en que se le pregunte al pueblo», señaló Maturino, pero enfatizó que el PAN no puede respaldar una reforma que, en su opinión, pone en peligro la independencia y eficacia del sistema judicial.
Leonel Godoy, otro legislador de Morena, sugirió que los ministros de la SCJN deberían participar en más foros para discutir a fondo todos los aspectos de la reforma. «Los ministros de la Corte deberían acudir a otros foros a discutir todo lo que contempla la reforma», planteó Godoy, quien también criticó las resoluciones de jueces como Rodrigo de la Peza, acusándolo de intervenir indebidamente en asuntos electorales. «El asunto con el juez De la Peza es que quiera intervenir en temas electorales y eso se debe sancionar», concluyó.
El debate sobre la reforma judicial no solo se limita a los aspectos técnicos y legales, sino que también refleja profundas divisiones políticas y filosóficas sobre el papel del Poder Judicial en la democracia mexicana. Mientras Morena y sus aliados insisten en que la elección popular de jueces, magistrados y ministros es una medida necesaria para erradicar el nepotismo y aumentar la rendición de cuentas, la oposición teme que esta medida pueda politizar aún más el sistema judicial y comprometer su imparcialidad.
La salida de la ministra Norma Piña de la presidencia de la SCJN ha añadido una capa adicional de complejidad al debate. Para la oposición, esta situación es un claro ejemplo de las tensiones y luchas de poder que podrían agravarse con la implementación de la reforma. Para Morena, sin embargo, la reestructuración del Poder Judicial es un paso crucial hacia una justicia más transparente y accesible.
La sesión de la Comisión Permanente del Congreso evidenció la profundidad de las divisiones sobre la reforma judicial. Con ambos bandos firmemente atrincherados en sus posiciones, el futuro de la reforma sigue siendo incierto.