Trabajadores y exempleados del Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OAPAS) de Naucalpan, Estado de México, denunciaron ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México que fueron obligados a entregar el 10% de sus sueldos para destinarlo al partido Morena. De acuerdo con las declaraciones, la instrucción fue emitida por altos mandos del organismo y presentada como condición para mantener sus empleos.
Una de las denunciantes, identificada como Delia Ramírez, relató que el pasado 8 de julio de 2025 Norman Sánchez Matiaz, director comercial del OAPAS, le exigió entregar en un sobre amarillo la cantidad de mil 200 pesos de forma periódica, equivalentes al 10% de su salario. La petición, explicó, respondía a órdenes de Assed Rodrigo Jabil Flores Tapia, director de administración y finanzas; Ricardo Gudiño Morales, director general; y Jessica Nadia Guadalupe García Fuentes, gerente de rezagos, restricciones y ejecución fiscal.
Según la denuncia, los directivos informaron que la solicitud provenía del presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, integrante de Morena. Ramírez afirmó que le advirtieron que la aportación no era opcional y que en caso de negarse perdería su empleo. “Ese dinero sería destinado al partido político Morena, que no era opcional, que era una condición para conservar mi trabajo, que si no estaba de acuerdo se me daría de baja”, declaró ante la fiscalía.
La mujer detalló que durante cuatro meses y medio entregó el porcentaje exigido, aunque posteriormente expresó su inconformidad a su superior. Tras ello, aseguró haber recibido amenazas sobre un posible desprestigio que le impediría ser contratada en otros lugares.
El testimonio llevó a que la fiscalía mexiquense abriera una investigación en contra de los directivos del organismo y turnara el caso a la fiscalía especializada en delitos electorales del Estado de México. Como parte del proceso, a Ramírez se le otorgaron medidas de protección, entre ellas atención psicológica, seguridad en caso de solicitarla y la garantía de reparación del daño.
El caso no es aislado. Otra extrabajadora del OAPAS también se presentó a declarar ante las autoridades, sumando nuevas acusaciones contra los directivos por las mismas prácticas de retención de salarios.
La investigación sigue en curso y apunta a esclarecer la red de responsabilidades dentro del organismo municipal. Mientras tanto, el caso coloca bajo el escrutinio público a la administración del OAPAS de Naucalpan y a funcionarios vinculados a la exigencia de aportaciones económicas a trabajadores bajo la promesa de conservar sus puestos laborales.