En una sesión que se extendió hasta la madrugada, el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó el desafuero del presidente municipal de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, y del diputado local morenista, Genaro García Castro. Con 39 votos a favor y sin oposición, la decisión se concretó tras una larga jornada legislativa que dejó en claro la intención de dar curso a una investigación estancada por el fuero político de ambos funcionarios.
La diputada María Teresa Guerra Ochoa, del mismo partido que los involucrados, confirmó al término de la sesión que “fueron 39 votos a favor, por unanimidad”, destacando que el diputado Genaro García fue el único ausente, por su implicación directa en el proceso.
El dictamen, avalado por la mayoría del Congreso, no implica una declaración de culpabilidad, sino la apertura legal para que las autoridades puedan profundizar en las diligencias sin la barrera del fuero constitucional. Según lo informado por el propio Congreso, la Fiscalía de Sinaloa investiga a los ahora exfuncionarios por un contrato de arrendamiento de patrullas y motocicletas con un valor total de 171 millones de pesos, suscrito durante sus gestiones. La carpeta de investigación fue abierta en 2022 y tomó impulso en este 2024.
Previo a la sesión, el alcalde de Ahome solicitó licencia y se pronunció en redes sociales. En un video difundido públicamente, Gerardo Vargas declaró: “Esto es una acción injusta, sin fundamento, utilizando la Fiscalía General del Estado incurriendo en una evidente extralimitación y abuso de autoridad”. Aseguró que es víctima de una persecución derivada de su trabajo en el gobierno municipal.
En cuanto a las sustituciones, el Congreso definirá este sábado al suplente de Vargas Landeros. La designación no requiere cumplir con paridad de género, por lo que podrá ser hombre o mujer. Mientras tanto, en el caso del diputado Genaro García, la suplencia ya está cubierta: Rosa Margarita Velázquez fue nombrada alcaldesa provisional por el cabildo.
El desafuero marca un nuevo capítulo en la política sinaloense, donde el discurso anticorrupción comienza a trasladarse a acciones concretas. La Fiscalía, ahora con vía libre, continúa con el desarrollo de la investigación para determinar la responsabilidad de ambos exservidores públicos. Las acusaciones, enmarcadas en el manejo de recursos públicos a gran escala, podrían derivar en procesos penales una vez concluidas las indagatorias. La atención se mantiene en lo que sigue para Ahome y para el Congreso estatal, mientras la opinión pública observa de cerca.